La muerte tiene color de piel en Estados Unidos

Un joven mexicano residente en la frontera y un chico negro en Florida, asesinados por el racismo, la supremacía blanca y la xenofobia.

Estados Unidos. Trayvon Martin ha estado en mi mente, y José Antonio Elena Rodríguez también. Ambos eran jóvenes (17 y 16 años, respectivamente), muchachos de color desarmados y baleados en 2012. Trayvon, por el vigilante vecinal voluntario George Zimmerman, en Sanford, Florida; y José Antonio, por al menos por un agente no identificado de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Sonora. La conexión entre Trayvon y José Antonio es una que muchas personas no pueden dejar de hacer en el sur de Arizona, pero que no se hace tan a menudo fuera de las fronteras por un gran número de razones. En muchos lugares, la policía y los vigilantes disparan con impunidad, pero en las zonas fronterizas -Nogales, Ciudad Juárez, San Diego, Douglas y muchas otras comunidades-, lo hace la Patrulla Fronteriza también. Detrás de la seguridad – tema que domina la poca cobertura que hay de la frontera-, historias como la de José y otras víctimas de la violencia pueden perderse o distorsionarse. Si, como muchos políticos y funcionarios nos quieren hacer creer, la frontera es una zona de guerra, ¿no es José Antonio simplemente un daño colateral, un precio trágico a pagar por una frontera “segura”? La exoneración de Zimmerman sorprendió a millones en Estados Unidos al revelar que la ley del estado de Florida, al menos, proporciona un vacío legal para la violencia parapolicial contra las personas de color. Hay una situación comparable y aterradora en la frontera, en la que la violencia estatal contra los migrantes y los nacionales mexicanos -como José Antonio- se lleva a cabo con una impunidad casi total y falta de transparencia gubernamental. Tanto Trayvon como José Antonio son parte de una visión más amplia de la supremacía blanca y el control racializado. El tiro de José Antonio no recibió tanta atención a nivel nacional, y es necesario un breve resumen de los acontecimientos de la noche. De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, los agentes implicados respondieron a un informe de sospecha de contrabando a las 11:30 de la noche del 10 de octubre. Poco después de llegar, los agresores, al otro lado de la pared, laznaron piedras a los agentes. Después de emitir órdenes repetidas de que se detuvieran, un agente abrió fuego hacia México contra los presuntos lanzadores de piedras. Dos elementos del Departamento de Policía de Nogales, Arizona, que estuvieron en el lugar durante todo el incidente, no informaron de que algún agente de la Patrulla hubiera emitido una advertencia antes de abrir fuego.

Muchos cuestionan la versión oficial, y la mayoría se centra en la desproporción de piedras y las balas, así como de la geografía en el lugar del tiroteo: A diferencia de la mayor parte del muro de la frontera, al oeste de Nogales la sección de la pared cerca de donde ocurrió el incidente está en la parte superior de un acantilado de 15 a 20 pies de altura, y su base está cubierta por vegetación densa, todo lo cual hace difícil, si no imposible, que los agentes resulten heridos de gravedad. Los familiares de José Antonio rechazan las afirmaciones de la Patrulla Fronteriza de que el joven estaba involucrado en el lanzamiento de rocas o el contrabando. Afirman que él simplemente caminaba hacia la tienda donde su hermano trabajaba, para ayudarle, como lo había hecho muchas veces antes. Pero, independientemente de las circunstancias exactas de las dos tragedias, tanto Trayvon como José Antonio, al momento de su muerte, estaban caminando en lugares donde tienen todo el derecho de estar, pero fueron vistos como una amenaza y deshumanizados por la persona que puso fin a su vida: José Antonio, un ciudadano mexicano, en suelo mexicano, a cuatro cuadras de su casa y cerca del muro fronterizo en Nogales, Sonora; Trayvon, en camino de vuelta a donde estaba alojado en una privada habitacional en Sanford, Florida. Ambas son historias de la raza y la desconfianza encarnada, anécdotas de un presente decididamente no pos racial en la que el color de su piel, literalmente, puede ser una cuestión de vida o muerte. Ver instintivamente a las personas que cruzan la frontera – o justo al otro lado de ella – como peligrosas, fue un primer paso necesario en la tragedia de José, o en la de cualquiera de los muchos otros que se han encontrado en el lado equivocado de la pistola de un agente. Del mismo modo, la identificación inmediata de Trayvon como una amenaza por Zimmerman -la ecuación de que juventud y piel oscura son iguales a criminalidad- es la que inició la cadena de acontecimientos que culminaron con su muerte sin sentido. No estoy en condiciones de escribir con autoridad sobre el tiroteo de Trayvon Martin, una tarea que muchos otros están haciendo admirablemente bien. Pero conozco el caso de José Antonio Bueno, y es importante para provocar diálogo sobre las formas en que los dos casos son similares en las que divergen. En el corazón de ambas tragedias está la ansiedad y la inseguridad. George Zimmerman, ampliamente expuesto por un informe del Miami Herald, estaba obsesionado con la protección de la unidad habitacional y las supuestas amenazas que sentía que los hombres jóvenes, a menudo de color, planteaban a la misma. Del mismo modo, José Antonio estaba caminando en un lugar que, al menos a los ojos de

de muchos agentes de la Patrulla Fronteriza, es un hervidero de amenazas: narcos armados, inmigrantes violentos, policías corruptos e incluso terroristas -esto a pesar de que los enfrentamientos armados son raros y ningún miembro de ningún grupo terrorista ha sido detenido en la frontera. He hablado con muchos agentes que vigilan la línea fronteriza. Los vehículos estacionados, la imponente pared y matorrales brutales en ambos lados producen una extraña fusión entre el aburrimiento y la ansiedad, que es un sello distintivo de la conducta de muchos agentes. Advierten que si insisto en correr o caminar a lo largo de la pared, corro el riesgo de ser interceptado por la bala de un cartel o apuñalado por un desesperado contrabandista drogadicto. Casi un tercio de los agentes fronterizos son veteranos de Irak y Afganistán. Muchos más piensan en el norte de México como una zona de guerra, no muy lejos de los campos de batalla de los que recién regresaron. Al parecer, con toda sinceridad esperan encontrarse en un tiroteo en cualquier momento con las hordas sin ley de piel oscura que, se imaginan, están al acecho del otro lado – a pesar de que patrullar la frontera es uno de los trabajos, en el campo de la ley, más seguros en los Estados Unidos. Después de diez años de contratación masiva de veteranos, un agente con muchos años de experiencia dijo que han visto que la cultura de la Patrulla Fronteriza cambió radicalmente. “Tienen una actitud militar totalmente diferente”, dijo el agente. “Usted mezcla un poco de racismo y armas, y es una mala combinación”. El agente agregó que “una gran cantidad de agentes tienen opiniones muy etnocéntricas. Siempre están riendose de México y los mexicanos. ¿Cómo cambias esa mentalidad? ¿Cómo se cambia la filosofía de alguien sobre América Latina?”. El policía consideró que “todos los chicos piensan que la respuesta es la fuerza. Es una cultura de las armas. Nadie quiere aprender mejor el español. Nadie quiere estar mejor informado sobre América Latina”. El uso de la fuerza mortal Ambas tragedias ocurrieron en un contexto de leyes que sancionan la violencia parapolicial. Florida, al igual que otros 19 estados, tiene la ley “Mantente firme”, que dice que un residente que “no se dedica a actividades ilícitas, no tiene la obligación de retirarse y tiene el derecho de estar en su lugar y usar fuerza, incluida la fuerza letal, si razonablemente cree que es necesario hacerlo para evitar la muerte o grave daño corporal a sí mismo o a otros, o para impedir la comisión de un delito grave por la fuerza”. Trayvon probablemente estaría muerto sin la ley, pero es difícil imaginar la exoneración de Zimmerman sin ella. En una reciente columna, el analista legal Andrew Cohen sostuvo que Zimmerman recibió, en el sentido más estricto, un “juicio justo”, ya que las estrictas normas que rigen los procesos penales “no permitieron que los miembros del jurado deliberasen sobre la imparcialidad de las leyes extravagantes de auto defensa de Florida”. “Lo que la sentencia dice, ante el asombro de decenas de millones de nosotros”, escribe Cohen, “es que se puede ir en busca de problemas en Florida, con una pistola y una gran cantidad de prejuicios raciales, se puede encontrar esos problemas y se puede actuar sobre ellos de manera que deje un joven muerto, pero nada de esto garantiza que se le declare culpable de un crimen”. En resumen, el jurado –que pudo o no ser racista- no tiene toda la culpa. Se les pidió simplemente evaluar si Zimmerman actuó dentro de los límites de la ley estatal. La responsabilidad principal es la locura de la ley, la cual Zimmerman pudo seguir. Sin embargo, es difícil creer que la raza de Trayvon no estuvo implicada en la aparente facilidad con la que fue construido como el agresor en la lucha que precedió a su muerte. De acuerdo con la Política de Uso de Fuerza Provisional de 2004 del Departamento de Seguridad Nacional, “los agentes de la ley y del Departamento de Seguridad Nacional pueden usar la fuerza letal sólo cuando sea necesario, es decir, cuando el oficial tiene una sospecha razonable de que el sujeto representa un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves para el agente o para otra persona”. Mientras que muchas agencias policiales tienen normas similares, en la práctica la política es una ley de “Mantente firme” para los agentes de la Patrulla Fronteriza, que esencialmente garantiza la impunidad cuando disparan y matan a la gente. Hablando de un tiro hipotético de la Patrulla Fronteriza, el agente que lo realizó tiene que respaldarlo por una serie de circunstancias. Si dice en su informe: “Temí por mi vida o me di cuenta de una amenaza que pudo poner en peligro la seguridad de otros”, es muy difícil que se dude de él, informa el agente entrevistado. “Incluso los abogados en el tribunal lo tendrán difícil”, agregó. Desde 2010, los agentes han disparado y matado al menos a 20 personas, uno de las cuales fue el agente Nicholas Ivie, y siete de los cuales tenían 20 años o menos. Aduanas y Patrulla Fronteriza no dieron ningún tipo de información sobre el 2 de diciembre de 2012, con la muerte a tiros del guatemalteco de 19 años de edad, Margarito López Morelos, hasta que un reportero recibióuna denuncia anónima sobre el incidente. Los agentes a menudo justifican estos tiroteos afirmando que los migrantes y otras víctimas representan amenazas potencialmente letales porque lanzan piedras. Aquí vemos otro paralelo con Trayvon. José Antonio, presuntamente armado con rocas, y Trayvon, presuntamente armado con una acera, fueron amenazas mortales que requirieron fuerza letal. Por eso, el historiador Robin DG Kelley, al igual que muchos otros comentaristas, argumenta que “fue Trayvon Martin, no George Zimmerman, quien fue llevado a juicio”. Agentes de la Patrulla Fronteriza justifican ocho de las 20 muertes a tiros desde 2010, diciendo que fueron atacados con piedras. La mayoría de las agresiones denunciadas contra los agentes son con piedras, no con AK-47, como su retórica puede llevar a creer. Ningún agente ha sido asesinado por una piedra. A diferencia de Zimmerman, los agentes que disparan y matan a la gente están razonablemente seguros de que nunca se enfrentarán a un juicio penal. La última vez que un agente fue procesado penalmente por disparar a un migrante fue en 2008, cuando el fiscal del condado de Cochise, Ed Rheinheimer, presentó cargos de asesinato en segundo grado contra Nicholas Corbett, quien disparó y mató a quemarropa a Francisco Javier Domínguez Rivera en enero de 2007. Dos juicios y dos jurados después, Rheinheimer abandonó el caso. En ausencia de cargos criminales, familiares de las víctimas a menudo lanzan casos civiles contra los agentes, pero tienen un historial irregular de éxito. Los agentes pueden esperar razonablemente no tener una sanción. Calle dijo que “es muy raro que un agente se enfrente a las consecuencias disciplinarias por su conducta”. Funcionarios del sindicato y la agencia, por supuesto, afirman que esto se debe a que los disparos casi siempre son justificados y dentro de los parámetros de la agencia. Sin embargo, la falta de transparencia de la Patrulla Fronteriza sobre los tiroteos y sus investigaciones, junto con informes bien documentados y estadísticamente irrefutables de abuso físico y verbal sistemático contra los migrantes, deja a muchos a la pregunta de qué esconde la Patrulla Fronteriza. Aquí entramos en algunas de las diferencias clave entre los casos de José Antonio y Trayvon. Tan defectuoso como fue, la muerte de Trayvon llegó a juicio, mientras el asesino de José Antonio, casis eguramente, nunca enfrentará a un jurado. El juicio de Zimmerman provocó una polémica nacional sostenida y continua sobre la raza, así como sobre las deficiencias lamentables y los resultados frecuentemente racistas de nuestro sistema de justicia criminal. En ausencia de un juicio de alto perfil, sin embargo, José Antonio y otras víctimas de la violencia de la Patrulla Fronteriza son más fáciles de olvidar, sobre todo más allá de la frontera, donde la cobertura de estas muertes es mínima y esporádica. Más allá de eso, la construcción mediática sobre México y las zonas fronterizas como lugares periféricos sin ley, ayuda a alimentar malentendidos y a normalizar las tragedias que suceden allí. Pero no es sólo la ausencia de un juicio y la cobertura crítica la diferencia: la familia de José Antonio ni siquiera sabe el nombre del agente que lo mató o si sigue trabajando para la Patrulla Fronteriza. Los funcionarios estadunidenses que investigan el caso no han hablado con ellos sobre sus avances. Están enteramente en la oscuridad. Cuando agentes de Tucson o del condado de Pima disparan a alguien, el nombre del oficial se da a conocer y la investigación es pública. La Patrulla Fronteriza, sin embargo, mantiene los nombres de los agentes involucrados en secreto. La única razón de que la familia de Carlos Lamadrid, víctima de un tiroteo de la Patrulla Fronteriza en 2011, sabe el nombre del tirador, es porque demandaron al gobierno federal para puedan demandar al responsable de la muerte de su ser querido. La abuela de José Antonio, Taide, y su madre, Araceli, han dicho en numerosas ocasiones que este bloqueo informativo es desesperante. “Es lo que más duele”, expresó Taide. La ruta de Araceli a su trabajo la lleva a donde su hijo fue asesinado. A veces se pregunta si está mirando a la persona que segó la vida de su hijo. La importancia del caso de José Antonio, al igual que un sinnúmero de casos anteriores, se desvanece. Estas tragedias fronterizas parecen suceder, y luego desaparecer, en las entrañas opacas de las burocracias federales masivas, protegidas del escrutinio y el debate público. Sin embargo, mientras que el destino de la Reforma Integral de Inmigración (CIR) es incierto, es especialmente importante ahora para mantener la memoria viva de estos jóvenes hombres, para reflexionar sobre estas tragedias y lo que la reforma significará para los residentes fronterizos como José Antonio. La propuesta del senado estadunidense incluye duplicar la presencia de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur, de aproximadamente 19 mil a por lo menos 38 mil efectivos en los próximos 10 años. Sin cambios drásticos en la política del uso de fuerza, así como ​​el desarrollo de mecanismos efectivos para investigar de manera transparente y sancionar a los agentes que violan los derechos humanos de los migrantes, hay muchas razones para creer que esta “oleada ” se traducirá en un aumento dramático en agentes involucrados en tiroteos. La ley requiere una revisión de la política de uso de fuerza, pero hay serias dudas acerca de si los cambios de fondo tendrán resultados. La reforma también significará la contratación rápida de agentes, un proceso que criticado en el pasado por llenar las filas de la agencia con gente mal entrenada y de dudosa reputación, así como por el aumento de la frecuencia de los agentes disparando contra los migrantes. Incluso con una política de uso de la fuerza y ​​de investigaciones, hay un problema fundamental con el control de fronteras: que tiene lugar dentro de un entorno de retórica tóxica, militarizada y racista, en la que es de sentido común creer que la mayoría de las personas que cruzan la frontera representan una amenaza para los agentes y la nación. Fue en este contexto en el que José Antonio, un joven desarmado de 16 años de edad, se convirtió en una amenaza digna de 11 balas en la espalda. Fue en un contexto análogo en el cual Trayvon Martin, en la valoración de Zimmerman, mereció una bala en el pecho. Como Robin DG Kelley señala, “los niños de color deben probar su inocencia todos los días”. Pero fueron asesinados en la noche. Ni Trayvon ni José Antonio tuvieron la oportunidad de probar su inocencia. Mientras los jóvenes de color sean instintivamente vistos como amenazas, habrá más Trayvons, y siempre y cuando la frontera esté vigilada y construida como una zona de guerra, habrá más José Antonios. Las leyes “Mantente firme” son realmente un peligro claro y presente para los hombres jóvenes de color, y para todas las personas, en menor grado. De la misma manera, la reforma migratoria en su forma actual es una amenaza para los migrantes y los millones de personas que llaman “casa” a los Estados Unidos y las zonas fronterizas de México. Pero en última instancia, es la historia y la realidad del racismo, la supremacía blanca y la xenofobia las que convierten a las leyes en mortales.