La minería llega con rostro “amigo” a Guerrero

Presenciamos una fuerte intención del gobierno por acercarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias para “reconocer su trabajo”. Vale la pena ver qué y quienes están detrás del discurso oficialista.

México. Lo intentaron años atrás bajo un discurso ambientalista y asistencialista. La presión actual para que se permita la entrada de las empresas mineras a territorio comunitario en Guerrero, viene de la mano de un supuesto reconocimiento de derechos y protección a las organizaciones indígenas, y bajo el rostro del comisionado federal para el diálogo con los pueblos indígenas, el señor Jaime Martínez Veloz. En abril de 2011, coordinadores de las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), acompañados de algunos consejeros y miembros de las comisiones de comunicación, comandantes y policías comunitarios, acudimos a Marquelia, Guerrero, a una reunión con la persona de enlace del gobierno del estado. En la junta se hablaría de las demandas históricas de la organización y se plantearían cuestiones relacionadas con el uso de armas de alto calibre, uniformes, apoyo económico para los policías, equipo de trabajo (como radios) y vehículos de traslado. Cuál fue nuestra sorpresa, que al llegar no se trataron los puntos planeados. Más bien, el gobierno quiso aprovechar el momento para plantear el panorama de la minería en Guerrero a través del asesor en materia ambiental del gobernador, Leonel Lozano Domínguez. No tardamos en darnos cuenta de que quiso ganarse la confianza de la CRAC para entrar a las asambleas y plantear los supuestos beneficios de la minería. El argumento principal que planteó el susodicho Lozano fue que el gobierno estatal estaba dispuesto a fungir como interlocutor o intermediario en las negociaciones con las empresas mineras que intentaran instalarse en territorio comunitario. El asesor gubernamental habló de la responsabilidad de las mineras de no llegar de manera agresiva ni violenta a los pueblos. Mencionó que él mismo habló con los empresarios de CAMSIM y HOCHSCHILD para decirles que no era posible que llegaran a los pueblos sin pedir permiso y, más aun, “que pensaban al sobrevolar el territorio”. Según Lozano, les llamó fuertemente la atención y los regañó porque “así no se hacían las cosas”. El funcionario estatal comentó que las empresas estaban dispuestas a hablar con nosotros como pueblos y que podíamos llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Argumentó que los dos ganaríamos a raíz de dicho acuerdo, que en ese entonces se denominó “Acuerdo de voluntades”. Este documento fue escrito para que como pueblos, supuestamente, entendiéramos la propuesta de la minería, y para plantear ante nuestra negativa a la minería asesina que ellos tenían la receta -una minería “amigable” y “responsable” no implementada aún en ninguna parte del mundo. Es decir, nos traían lo más innovador, lo más moderno y avanzado en materia de minería. Esas fueron las palabras utilizadas. En Guerrero, si la CRAC aceptaba que se promoviera la propuesta en sus comunidades de la minería “amiga”, sería la primera en su tipo. Para el gobierno, la Coordinadora era el enlace perfecto, el que faltaba para tener el escenario que les permitiera llegar a los pueblos y promover los supuestos beneficios de la minería. Previamente, el funcionario se reunió con el rector y autoridades de la UIEG (Universidad Intercultural del Estado de Guerrero), y con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), lo que -según Lozano- representó un avance para los futuros acuerdos. En el caso de la CRAC, contactó a un coordinador, quien posteriormente aclaró que él no se dejó manipular y que si asistió fue para revisar demandas de la propia organización. El funcionario quiso manipular a la Coordinadora para comprometerla a firmar ese acuerdo de “buena voluntad” y presentarle el panorama minero del estado y la postura del gobierno en torno a la minería en La Montaña y Costa Chica. No tuvo presente que quienes estuvimos en dicha reunión no podíamos ser manipulados o engañados porque sabemos de la amenaza que representa la entrada de la minería a nuestros territorios como pueblos nuu savi, nahuas y me phaa’. El gobierno planteó, una vez más, ser el principal defensor de los intereses de los pueblos. El asesor en materia ambiental, Leonel Lozano, se presentó como el intermediario ideal entre las mineras y los pueblos indígenas. Esto parece una burla más, cuando sabemos que el gobierno del estado históricamente se ha encargado de despojar a los pueblos de su historia, de su cultura y hasta de sus territorios. Dos años después

Al comenzar el 2013, hubo un nuevo acercamiento por parte del gobierno, quizá el más representativo de su postura sobre el tema minero. Se habló de ir a una reunión con el secretario general del gobierno, en aquel entonces Humberto Salgado Gómez, y con Roxana Mora Patiño, subsecretaria de asuntos políticos. En dicha ocasión aprovechó para presentarse con la CRAC, Jaime Martínez Veloz, el representante del gobierno federal para el diálogo con los pueblos indígenas, quien se caracterizó por presentar un trato amable y un discurso algo cercano a lo que la gente quiere escuchar, así como por resaltar su “cercanía” a los pueblos. En términos generales, Martínez Veloz dijo que el gobierno respetará a los indígenas, que estará de su lado, que nunca más permitirá la violación de sus derechos y que a partir de ese momento su vida cambiará. El propósito de la nueva reunión era, principalmente, discutir un proyecto de iniciativa de ley planteado en el gobierno estatal para reglamentar a las policías comunitarias, bajo el argumento que tiene que regularse todo lo referente al uso de las armas exclusivas del ejército, así como las aclaraciones en torno a si eran grupos de policías elegidos por los pueblos o, simplemente, organizaciones delictivas disfrazadas de policías comunitarias. En ese momento, los grupos de autodefensa brotaban por todo el país y no sólo en Guerrero, como reacción de los propios pobladores para garantizar seguridad a sus familias ante la incapacidad e ineptitud gubernamental en la llamada “lucha contra la delincuencia organizada”. En esta reunión, el secretario general de gobierno planteó varios puntos centrales en esta discusión de la reglamentación de las “policías comunitarias”. Antes de dicha junta, para ellos todos entraban en la categoría de policías comunitarios (CRAC-PC, UPOEG, Consejo Regional de Seguridad y Justicia, CRSJ-PC), metiendo en el mismo saco a grupos de autodefensa e instituciones de larga historia, como la CRAC. Los funcionarios hablaron una y otra vez de “respeto” hacia la larga trayectoria de la CRAC, y que el mismo gobernador dijo que la CRAC no entraría a esta reglamentación. Sin embargo, un hecho importante es que, de ser una reunión para hablar del tema de seguridad y reglamentación, en escena apareció a un lado del secretario del gobierno del gobernador Aguirre nada más y nada menos que Jaime Martínez Veloz. La justificación para la presencia del funcionario de la secretaría de gobernación es que el presidente Enrique Peña Nieto lo comisionó para ser intermediario entre el gobierno y los pueblos indígenas, donde hubiera conflictos graves y serios. Él estaría en la mejor disposición de acercarse, vincularse y trabajar con la gente, señalaron. Martínez Veloz habló de que los pueblos indígenas son relegados por la historia, que es momento que se les haga justicia, que él tenía mucha experiencia por haber participado como parte de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) en las mesas de negociación del gobierno con los hermanos zapatistas. Su propuesta giró en torno a dar programas de atención y acercar a las instituciones federales para atender las demandas de los pueblos indígenas en cuanto a infraestructura de carreteras, construcción de escuelas, hospitales, apoyos e incentivos al campo y a los indígenas, así como todo lo que pueda cambiar las condiciones de marginación de los pueblos de la Montaña bajo el discurso del desarrollo. Planteó una noción de desarrollo totalmente ajena a la realidad, al contexto y a lo que los pueblos tenemos que generar desde nuestros propios espacios de vida en comunidad. La estrategia de los gobiernos corruptos es tener bajo tutela a los pueblos indígenas, considerándolos incapaces y dotándolos de más y más programas y apoyos que generan asistencialismo y dependencia. Después de haber hecho la oferta de los apoyos que como comisionado puede canalizar, planteó el tema de la minería y su amenaza a la región. Como en la reunión del 2011, el tema de la minería no estaba previsto pero salió a relucir como eje central en la discusión. Si bien Martínez Veloz partió de ejemplos concretos (como que la actividad minera no está dejando ganancias al país, que es un saqueo de nuestros recursos, que no respetan a los pueblos), su argumento no fue decir no a la minería. Más bien disfrazó su discurso subrayando que es importante que haya actividad minera y en ella se incluya a los pueblos indígenas, que no se les aísle, que ellos son los dueños y tienen derecho a exigir el pago justo. Que si se permitía la explotación minera en la región, él se comprometía a acompañar a los pueblos para que no se les quiera violentar sus derechos. Otra vez el gobierno prometió sacar a los pueblos indígenas de su condición de marginación, y otra vez presentó a la minería como la mejor opción, la solución a todos sus problemas y necesidades. Nuevamente tendríamos a un buen interlocutor de las mineras y los pueblos, ahora bajo el perfil de Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, o sea el señor Martínez Veloz. Sin embargo, este discurso con el que se posiciona del lado de los pueblos, su voluntad de querer apoyar para que las negociaciones sean directas, y el que haya un personaje (él mismo) a quien se le plantean los proyectos, demandas y necesidades de los pueblos, deja claro un paquete del gobierno para desarmar poco a poco una estructura comunitaria que se plantean nuestros pueblos hacia la autonomía. La actuación del gobierno federal, a través de una estrategia de proyectos y programas de carácter asistencial encaminados al paternalismo del Estado, debilita el tejido comunitario de los pueblos. Depender de las ayudas del gobierno equivale a perder en independencia, porque si luego no se actúa en su sentido, castigará. El panorama se muestra complejo. Hay riesgo latente de cooptación de dirigentes y una posible manipulación del Estado con tantas estrategias de ofensiva contra los pueblos organizados. No por nada Guerrero fue nombrado el Guerrero bronco de Armando Bartra. No es posible que como pueblos nos encasillemos en un discurso de desarrollo que no tiene nada que ver con nuestra visión de pueblos, de desarrollo que no necesariamente tiene que ser el que se nos quiere imponer. De ser así, terminaremos aceptando todo lo que se imponga desde el gobierno, incluso la minería, que puede ser una oferta en términos económicos. Se encuentra el riesgo de ilusoriamente pensar que el gobierno puede apoyar a los pueblos porque “cambió” o porque simplemente “se tentó el corazón”. Eso no es posible. Veamos que el camino de nuestros pueblos va ligado a la dignidad, a la memoria histórica que precisamente viene desde la base, desde la reflexión del qué queremos con nuestro pensamiento, nuestra educación, nuestra manera de alimentarnos, de curarnos, es decir, el cómo queremos caminar en territorio comunitario. El gobierno no puede ser ni interlocutor, ni abogado de los indígenas, no lo es ni lo será porque no le interesa. No podemos confiarnos que por llenarnos de programitas y dádivas el gobierno se quiere comprometer; tampoco podemos encasillar la lucha a esperar lo que el gobierno decida. Tener agentes que promueven que el desarrollo significa entrar a los cánones, a los parámetros, a las dinámicas y lógicas de un modelo económico y político y de pensamiento que no tiene que ver con lo que los pueblos queremos y tenemos. Se ha aprovechado esta situación de marginación en los pueblos de la Montaña para dar dosis pequeñas de medicamento cuando sabemos que el remedio no lo dan, pues este tiene que reconstruirse al seno de nuestros pueblos, pero bajo otras condiciones de respeto a la vida de nuestras comunidades, nuestra cultura y sobre todo, nuestro territorio. Nos vimos en la necesidad de volver a cuestionarlo sobre la actuación de estas empresas, y al mismo tiempo refrendar que no es posible que la minería sea sustentable; que no se habla de dinero, se habla de vidas humanas; no de cuánto podemos ganar con la minería. Además, que es importante que en su papel de comisionado del gobierno federal haga llegar las exigencias a través de posturas claras de que se respete el derecho a decidir que tenemos como pueblos, sin condiciones, sin amenazas y sin seguir promoviendo los supuestos beneficios de la minería. Siguiendo esta misma directriz, veremos que en este mismo año se buscó pactar con la dirigencia de la CRAC. Se habla de un acuerdo de respeto y colaboración que la CRAC planteó históricamente –pero para el que se tuvo cautela. Vemos que ahora estamos tendiendo de un hilo, pues el gobierno -queriendo supuestamente fortalecer a la CRAC- confrontó a los pueblos y a otros grupos que también claman seguridad para sus regiones. Basta con revisar los antecedentes de cada uno de estos personajes para saber del nivel y el tipo de personas que se presentan en territorio comunitario y ante la dirigencia de la CRAC para querer pactar y seguramente, dentro de no mucho tiempo, condicionar los apoyos brindados a la CRAC al permiso para la entrada de las empresas mineras, que no desisten de su intención de explotar minerales en nuestro territorio.