En entrevista con el periódico The New York Times, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ha trabajado en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desde 2015, dice que no pueden dar una conclusión del caso porque han estado sometidos a una campaña de desprestigio e intimidación orquestada desde los medios de comunicación de circulación nacional. La presión que existe sobre ellos, socava las promesas hechas por el gobierno mexicano de cooperar plenamente para descubrir la verdad acerca de lo que pasó con los jóvenes.
Para algunos, la conclusión inevitable es que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso.
El domingo 24 de abril, los expertos presentan la última parte del informe del trabajo realizado, que además de haber sufrido ataques directos en los últimos meses, tuvo el rechazo de la autoridades para entregarles documentación o concederles entrevistas de actores fundamentales en su participación, como lo es el ejército.
En la entrevista concedida al periódico The New York Times por cuatro de los integrantes del grupo, comentan que les hace falta mucho para que su trabajo esté completo, pero el 30 de abril concluye su mandato, debido a que el gobierno mexicano decidió darlo por terminado y se marcharán del país.
Su salida es motivada por lo que una gran mayoría ya sospecha y que ellos también creen: el gobierno trata de encubrir lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los 43 estudiantes fueron secuestrados por la policía y hasta la fecha, 19 meses después, no han aparecido.
Ayotzinapa es un caso paradigmático y uno de los peores casos de abuso de derechos humanos que puso a prueba la aprobación ciudadana al gobierno de Enrique Peña Nieto. La presencia de cientos de miles de personas en las calles para acompañar a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, contradice sus esfuerzos por presentar a México como una nación progresista y pone en evidencia la impunidad que hay a lo largo y ancho del país afectando plenamente el Estado de derecho.
En relación a la terminación del mandato de los expertos el próximo 30 de abril, el gobierno mexicano dice que ha cooperado plenamente con ellos, respondiendo a todas sus solicitudes. Para las familias de los desaparecidos, el hecho es devastador, porque su confianza está depositada en el GIEI, ya que no creen en la “verdad histórica” que el gobierno construyó.
Para muchos mexicanos, el caso va más allá de los 43 estudiantes, porque hay miles de desaparecidos desde hace más de una década. Por eso, la llegada de los expertos internacionales despertó la esperanza y mostró la posibilidad de la verdadera preocupación de un gobierno por esclarecer el caso: en un gesto excepcional, México le otorga a extranjeros, el permiso necesario para realizar una verdadera investigación. Ahora, la salida de los expertos deja un sabor amargo.
Francisco Cox, abogado chileno especializado en derechos humanos e integrante del GIEI comenta al NYT: “quedarnos significa legitimar algo que no es correcto”.
Aunque el informe final del grupo se conocerá el domingo por la mañana, el caso está muy lejos de ser resuelto. Solo se han encontrado e identificado los restos de uno solo de los 43 estudiantes.
Una pregunta fundamental es el nivel de colusión entre las bandas de narcotraficantes y el gobierno. “La investigación oficial tenía la clara determinación de mantener el caso en un nivel municipal en términos de responsabilidad” dijo Carlos Beristain, otro integrante de la comisión, “pero nosotros revelamos la presencia de agentes estatales, federales y militares en las escenas del crimen. Su participación implica responsabilidad”.
Los ataques de los medios de comunicación, como el Financiero y Milenio, contra el grupo de expertos para desprestigiarlos, se centró en Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz. Buitrago, tiene un amplio reconocimiento al haber procesado al gobierno de Colombia por malversación militar y, Claudia Paz y Paz fue integrante de la comisión que se ganó el reconocimiento internacional por el juicio contra un ex dictador de Guatemala por cargos de genocidio.
Aunque el gobierno ha negado en repetidas ocasiones que juega un papel en la campaña de los medios de comunicación mexicanos, sí ejerce un gran control sobre ellos. El Estado gasta cada año cientos de millones de dólares en publicidad, por lo que tiene una gran influencia en ellos.
Los ataques alcanzaron hasta a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo internacional que nombró a los expertos. A Álvarez Icaza le abrieron una investigación penal, de la que luego se desistieron, concluye el periódico The New York Times.
Entrevista publicada en The New York Times el 23 de abril de 2016
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