Guarijíos, la otra batalla por el territorio y el agua en Sonora

Al igual que con los yaquis, el proyecto Sonora Sí pretende embalsar el río Mayo para fines poco claros y que beneficiarán a todos, menos a los pueblos indígenas, denuncian los asesores de la tribu guarijía. ADAZAHIRA CHÁVEZ

México. No se opusieron a la construcción de la presa Bicentenario Pilares en Sonora. Los guarijíos simplemente exigieron información oficial del proyecto para deliberar su decisión y a cambio, obtuvieron agresiones y suplantación de sus autoridades para arrancarles las firmas de autorización a la obra. La tribu se encuentra en peligro, afirma su asesor Ramón Martínez –quien debió salir del estado, junto con Armando Haro, por las amenazas recibidas por acompañar a los indígenas. El río Mayo, que recorre 350 kilómetros entre su nacimiento en la Sierra de Chihuahua y su desembocadura en el Océano Pacífico, en la vecina Sonora, está amenazado por el Plan Hidrológico del Noroeste (PLHINO) del que es parte el proyecto “Sonora Sí” –el mismo que pretende arrebatar el agua de su río a los yaquis a través del Acueducto Independencia, y que postula el trasvase de ríos desde Nayarit hasta la Sonora de Hermosillo. El gobierno estatal está listo para construir la presa Bicentenario Pilares, a 104 kilómetros de Navojoa, en el municipio de Álamos. La Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señala que serán afectadas nueve comunidades guarijías, dos de las cuales serán reubicadas. “La monstruosidad es que estamos viendo apenas la punta del iceberg en el manejo de siete cuencas”, lo que beneficia a agroindustriales y empresarios, “a todo el mundo menos a los pueblos”, señala el investigador. Estos proyectos, denuncia el etnólogo Martínez, siempre manejan fondos multimillonarios del gobierno para las empresas y “mordidas multimillonarias”. Y para rematar, el proceso de consulta que ni siquiera lograron llevar a cabo no es vinculante ni está regulado, advierte. Un proyecto oscuro en un río diáfano En la cuenca alta del río viven los pueblos warohío y pima; en la parte media, donde se pretende construir la presa Bicentenario Los Pilares, habitan los guarijíos o mahkurawe; y en la cuenca baja (donde ya existe una presa) está el pueblo mayo. La presa Mocúzarit, instalada en 1954 en la cuenca baja, una región de gran potencialidad productiva, se edificó para detonar la productividad del Distrito de Riego 38. Aunque los mayos son dueños de estas tierras, por dificultades económicas se la rentan a agroindustriales, quienes “se apropiaron de las prácticas agrícolas con riego, y como usufructuarios del agua hacen aparecer como interés público el manejo hidrológico de la cuenca baja”, denuncia Martínez. La presa Pilares es promovida por estos empresarios “con intereses muy poco claros”, apunta el etnólogo. La promoción de la presa Pilares no es nueva. La intención renació en los años recientes con poca claridad, aunque los pueblos y sus asesores llevan más de un año solicitando la información pertinente. Además de perjudicar el territorio de los pueblos establecidos cuenca arriba, la construcción de la presa afectará potencialmente a toda la cuenca. “La perturbación puede matar no sólo al río, sino a los pueblos del río”, advierte el asesor de los guarijíos. En el primer anuncio se dijo que la presa sería una hidroeléctrica; posteriormente, que fortalecería al distrito de riego; y la última vez, que su destino será contener las avenidas de agua. “En realidad nadie sabe de qué se trata”, indica el investigador Martínez, que denuncia el “desaseo” de las instituciones en el manejo del proyecto. Las instancias federales correspondientes dicen que no conocen el proyecto, pero ya hay presupuesto asignado, denuncia Martínez: “Hay presupuesto y licitación, pero no hay presentación del planteamiento a los pueblos poseedores de la tierra ni se ha hecho caber la consulta”. Otro punto oscuro del proyecto es la intervención del gobierno estatal para amagar a los pueblos que resultarán afectados en su patrimonio territorial y que cedan los derechos de sus tierras “por las buenas o por las malas, pero nunca por la vía legal”, indica Ramón Martínez. Martínez denuncia que los empresarios y el gobierno actúan como “un híbrido”, donde el gobierno actúa para “facilitar el despojo masivo de territorios y recursos naturales, y el desplazamiento forzado de población”. La muerte del río Mayo El establecimiento de la presa Bicentenario Pilares traerá un impacto “brutal” para los guarijíos, indica Martínez, tanto porque afectará su seguridad jurídica sobre sus tierras como porque afectará su vínculo vital y cultural con el río. “La presa se interpone entre ellos y su río”, resume. Los guarijíos no quieren ser desplazados de sus territorios, pero además conocen del peligro que representa la presa para su supervivencia como pueblo, puesto que la magnitud de la obra va a modificar de manera contundente los ecosistemas del Río Mayo y sus afluentes, especialmente el arroyo Guajaray por la proximidad de la obra. Los impactos ambientales de la construcción de la presa afectarán a la cultura de los guarijíos porque perderán buena parte de los recursos naturales en los que sustentan su vida y su cultura, además de sus lugares sagrados y panteones, dos sitios arqueológicos y dos de los asentamientos principales de la tribu “que simbolizan el éxito de su lucha por la tierra”, exponen los asesores de la tribu en su página web. El embalse obstaculizará también el traslado de los guarijíos por caminos de terracería y brechas al interior de su región, por lo que perderán opciones para el pastoreo, la siembra, la caza y la recolección. Los promotores de la obra (el Distrito 38 y la empresa contratista, que informalmente se sabe que se llama Canoras) quieren que los guarijíos cedan los derechos de su tierra para luego apropiarse de ellos y ser socios de la presa aportando el territorio, denuncia Martínez. “Esa opción no se la dan a los guarijíos”, declara su asesor. El otro nivel de impacto va sobre toda la cuenca del río, que comprende más de 27 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial. “Sabemos que un río con dos presas morirá”, advierte el experto. Consulta truncada Los asesores del pueblo guarijío tienen más de tres décadas trabajando con las comunidades y se acercaron a petición de ellas. “El año pasado logramos instalar un diálogo político con estándares internacionales y creímos que era un avance, pues conseguimos sentar juntos a los tres niveles de gobierno, a la sociedad civil y a la tribu guarijía” en un proceso rumbo a la consulta previa, libre e informada, relata. Aunque hubo acuerdos, el gobierno del estado no los cumplió y las instituciones federales abandonaron el diálogo en el cambio de administración. “Actualmente los gobiernos estatal y municipal actúan de manera ilegal y violentan a las comunidades para arrancar una falsa legalidad” que permite que se haga la obra. El apuro es que, si no ejercen el presupuesto asignado, la Secretaría de Hacienda lo retirará, puntualiza el académico. El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que avala la obra fue encargado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a, curiosamente, quienes promueven la obra: el Distrito de Riego 38, que se asoció con un grupo llamado “México Sustentable”. Los investigadores examinaron el MIA y descubrieron, entre otras debilidades, que el estudio se basó en otro hecho en Veracruz. Incluso, en el documento no se quitaron las referencias a ese estado, situado a más de 2 mil kilómetros de distancia de Sonora. “Esto denota sus pocos escrúpulos”, puntualiza Martínez. Un nuevo resolutivo no transforma la aceptabilidad de la presa, “la semi condiciona a que se haga la consulta”, informa el académico. “Pero la consulta es no vinculante en México, así que tenemos un problema”. El asesor de los guarijíos considera triste el papel de las instituciones. Denuncia que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el área respectiva de la SEMARNAT han sido totalmente omisas en sus responsabilidades, aunque los guarijíos “las han interpelado por todos los medios posibles”, informa. Por otro lado, valora, se da impunidad total a la actuación de los gobiernos estatales y es imposible monitorear los flujos de los presupuestos. “¿Por qué hay una licitación de obra de la presa sin que haya consentimiento del pueblo que será afectado? ¿Por qué hay una licitación antes de que se fije el Manifiesto de Impacto Ambiental?”, lanza el etnólogo. Falta de información y violencia Hasta agosto de 2013, los guarijíos no cuentan formalmente con el proyecto de la presa. Nunca manifestaron a priori una oposición a la presa, indica su asesor. Lo que exigieron fue “saber de qué se trata para poder tomar decisiones”, señala Martínez Coria. El proceso de consulta previa, que arrancó en noviembre de 2012, requirió que se presentara el proyecto pero eso no se cumplió. “Ahora el gobierno estatal arrancó de manera ilegal firmas de gobernadores tradicionales, amagando a cada uno en su esquina, para legitimar la obra detrás de las asambleas y sin tomar en cuenta a los órganos de representación agraria en caso de los ejidos”, informa el etnólogo. Entre las presiones que las instancias de gobierno lanzaron sobre la tribu guarijía están desde las sutiles insinuaciones sobre que se quedarán al margen del desarrollo, hasta la amenaza directa de que se les retirarán los programas sociales si no firman la autorización de la obra. La violencia llegó a partir de dos momentos: el cambio de administración federal – por el que la CDI se desentendió de su intervención y dejó total libertad al gobierno de Guillermo Padrés- y la muerte del líder moral histórico de la tribu, “piedra angular” para que los guarijíos exigieran sus derechos colectivos, don Lino Leyva Zazueta. “A partir de la muerte de don Lino, el gobierno estatal atacó de frente, sin permiso y sin escrúpulos”, relata el investigador Martínez. Por el recrudecimiento de la presión contra la tribu, los asesores fueron llamados a los pueblos. “Fue cuando se desencadenó toda esta situación” en la que los autores de la amenaza quieren hacer parecer que provienen del narcotráfico, relata Martínez. Los asesores recibieron llamadas amenazadoras y las ruedas de sus vehículos fueron saboteadas. Aunque no tienen la certeza para señalar a un responsable, indica Martínez, las agresiones coinciden con la “vehemencia con que quisieron interponerse entre nosotros y las comunidades”. Paralelamente, hay una brigada de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que trabajan para legitimar la actuación del gobierno “y a ellos no los han molestado”, apunta. Los asesores de la tribu, Armando Haro y Ramón Martínez, debieron salir de Sonora por el nivel de amenaza. Los guarijíos, con esfuerzo, se comunican con ellos para relatarles la situación en la que viven. “Sabemos que de los cinco gobernadores, a cuatro los amagaron y los obligaron a firmar a espaldas de sus asambleas. Al quinto gobernador, el que se negó a firmar, le hicieron una asamblea donde se presentaron gente no guarijía y funcionarios. Ahí lo humillaron, le faltaron al respeto y, como no firmó, lo suplantaron por una falso gobernador” que ya consintió la obra. “Son capaces de lo que sea”, denuncia el investigador. Martínez advierte que las firmas no son legítimas ni legales, por lo que el camino no es restaurar el diálogo sino escalar a lo jurídico. “Esto pone en riesgo a las comunidades porque en cuanto aparezca una resistencia, los van a criminalizar”, precisa. Incluso, el gobierno ya declaró que los autores de las amenazas son los mismos guarijíos, agrega el investigador. Los asesores tienen conocimiento de que los guarijíos se están movilizando para echar atrás las firmas que otorgaron sus gobernadores. Armando Haro, el otro asesor y a quien consideran en mayor riesgo, señaló en su cuenta de Facebook que los indígenas del ejido Burapaco eligieron un nuevo gobernador en lugar del que firmó el convenio “espurio” para la presa. El investigador advierte que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en México no es vinculante y carece de normas de instalación y desarrollo. “No está regulada y no hay un ámbito de obligatoriedad”, considera Martínez, que coloca las amenazas recibidas dentro del contexto en el que fue asesinado Noé Hernández, defensor de los ríos en Veracruz.