Ocultan gasto para seguridad en Estados

Las entidades no informan cómo ejercen los recursos y no cuentan con documentación que avale la legalidad de las adquisiciones

CD. DE MÉXICO.- El destino de los recursos federales para la seguridad pública de los estados es una incógnita. Así lo señalaron ayer Alejandro Hope, director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Al presentar el estudio “Rendición de cuentas en el uso de los fondos federales para la seguridad pública de los estados y el Distrito Federal”, advirtieron que las entidades no informan o informan poco sobre cómo ejercen el gasto y que diversas adquisiciones no cuentan con documentación completa que avale su legalidad. Los activistas anotaron que en el gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados y el DF se dan prácticas discrecionales que evitan que se conozca, por ejemplo, la calidad de los chalecos antibalas, uniformes, radios, botas y escudos antimotines. “Aun conociendo los precios de lo comprado, es imposible evaluar la calidad porque las características de los bienes no son públicas y por lo tanto no se pueden hacer comparaciones; de hecho, no sabemos si existe un catálogo de bienes que detalle el equipo que se puede comprar con recursos del FASP. “Nos queda claro que el Gobierno mexicano simula muchas veces lo que está haciendo, simula los objetivos, puede simular los programas, pero lo que no simula es gastar, eso sí lo hace muy bien, gasta mucho, pero no sabemos cómo, porque realmente está roto el sistema de rendición de cuentas”, reprochó Morera. El estudio tomó como muestra a 10 entidades, de las cuales Colima, DF y Durango salieron mejor libradas en la rendición de cuentas, aunque no al 100 por ciento. Los estados críticos, con elevados niveles de opacidad, fueron Guerrero, Morelos y Tabasco, de acuerdo con el informe. “No podríamos decir en general de los 32 entidades porque sólo estudiamos diez, de los diez que estudiamos encontramos mejores prácticas, no podemos decir que bien, pero quienes mandaron mejores informes son Durango, el Distrito Federal y Colima, y los que son muy preocupantes son Morelos, Guerrero y Tabasco”, expuso Morera. En la actualidad se destinan 140 mil millones de pesos para programas y estrategias en seguridad pública, de acuerdo a los datos proporcionados por Morera y Hope. De ese monto, a los estados y municipios son transferidos 17 mil millones, 45 por ciento de los cuales --7.6 mil millones de pesos para 2013-- los concentra el FASP. “Al final de cada ejercicio fiscal conocemos el gasto total de las secretarías de Seguridad Pública de las entidades; sin embargo, no sabemos a qué rubros lo destinan, porque sus cuentas públicas no están disponibles o no están desglosadas”, lamentó Hope. Para colmo, indicó Morera, tampoco es posible saber si hay funcionarios responsables por la deficiente aplicación de los recursos del FASP. “Creo que la opacidad tiene dos consecuencias: no se aprende de lo malo, es decir, no sabemos qué cosas no están funcionando; pero peor aún, no se aprende de lo bueno, hay cosas que a lo mejor sí están funcionando, pero que no se generan en el sistema... entonces es inventar la rueda en cada ocasión”, añadió Hope. En la presentación del reporte, urgieron al Consejo Nacional de Seguridad Pública a hacer públicos los convenios de coordinación, los anexos técnicos y los reportes trimestrales del FASP, así como sus catálogos de bienes, en caso de existir.