Nuevas estrategias de las mineras en la Montaña de Guerrero

Los pueblos de Guerrero denuncian la intención del gobierno de llenar de proyectos a todo el territorio comunitario para lograr la entrada de las mineras, a través de su representante para el diálogo con los pueblos, Jaime Martínez Veloz.

México. La mega minería tóxica como nueva estrategia de despojo territorial y como atentado contra la vida humana y de la madre tierra, representa actualmente una clara violación a nuestros derechos como pueblos indígenas que históricamente hemos habitado estos territorios. Somos amenazados por las industrias extractivas mineras que no se detienen ante nada y lo único que les importa es la extracción y las jugosas ganancias que les dejará explotar el mineral. Quién dio permiso Durante noviembre de 2010, vecinos de las comunidades y las propias autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – CRAC- Policía Comunitaria, se percataron del sobrevuelo de avionetas y helicópteros en la zona, en búsqueda de algo para ese entonces desconocido. Estos sobrevuelos no sólo se dieron en una comunidad, sino que se reportó actividad en las comunidades de Tlacoapa, Acatepec, Iliatenco y San Luis Acatlán, por mencionar algunas. Inmediatamente se alertó a las autoridades de la CRAC. No pasó mucho tiempo, cuando llegaron empleados de la empresa minera CAMSIM inas S.A. de C.V. a notificar a la casa de justicia de San Luis Acatlán (con un papel en mano) la solicitud de seguridad y resguardo de sus helicópteros. En ese momento, las autoridades exigieron la documentación para saber el trabajo que realizaban en la zona y conocer su intención en la coordinadora. De esta manera nos dimos cuenta que realizaban trabajo de exploración minera. Presentaron ante nuestras autoridades regionales permisos para realizar sobrevuelos sobre el territorio concesionado. Nos percatamos de que el territorio histórico de nuestros pueblos y el espacio de resguardo de la CRAC estaba amenazado, pues empresas mineras de capital canadiense e inglés compraron al gobierno federal el permiso de exploración con miras a la explotación de oro, plata, zinc y otros metales en la región de la Costa y la Montaña. Según denuncia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la superficie concesionada y entregada a empresas extranjeras suma 200 mil hectáreas. Se les dieron permisos por 50 años para que realicen actividades de exploración y explotación minera. En un principio se supo que las concesiones eran: Corazón de Tinieblas (perteneciente a la inglesa Holdschild Mining), La Diana y San Javier (perteneciente a la canadiense CamSim) y La Faraona Goliat (subdivida en lotes perteneciente a la mexicana Grupo Goliat), proyectos con miras a explotar oro, plata y cobre principalmente. Varios de los datos que aquí aparecen ya fueron modificados hace no mucho tiempo debido a las actuaciones monopólicas de las empresas extractivistas mineras, caracterizadas por negociar con el territorio de los pueblos como si los que habitamos en él no existiéramos, es decir, hacen negocio hasta con la vida. La información que aparece en la Secretaría de Economía no va acorde a los movimientos y tiempos que realizan y tienen estas corporaciones. La mayoría de las veces hay información que se oculta, lo que nos hace pensar de una incapacidad de hacer valer las leyes nacionales por encima de la inversión extranjera. Así nos organizamos para defendernos Inmediatamente las autoridades de la CRAC iniciaron un proceso intenso de informar en primer momento a las comunidades sobre la situación de la amenaza minera en la región. Inmediatamente, las voces de los comuneros y ejidatarios se hicieron escuchar para rechazar rotundamente la entrada de las mineras a nuestro territorio comunitario. Sin embargo, ya que conocemos la actuación de estas corporaciones, ya tenían mucho tiempo trabajando en la zona e incluso tienen gente ubicada que les hizo trabajo previo para ubicar el territorio ambicionado. De esta manera, nos enteramos que en Paraje Montero (un núcleo agrario incorporado al sistema de la CRAC) las empresas lograron entrar a base de mentiras y falsas promesas a la comunidad y seguramente con previo acuerdo con las autoridades agrarias. Elargumento de la minera fue que el trabajo sería como anteriormente ya se había dado en la región, la minería de socavón. La empresa prometió trabajo, escuelas y otros beneficios, así como un pago periódico por la renta de la tierra. Al igual que en Paraje Montero, en otras comunidades ya habían empleados de las empresas mineras haciendo labor de convencimiento. Muchos de estos actores son las mismas autoridades de instancias federales. Como bien es sabido, los programas destinados a la supuesta conservación de las áreas naturales y los servicios ambientales e hidrológicos (programas de orden federal) son el antecedente más visible de esta nueva estrategia de despojo del territorio de nuestros pueblos, lo que permite la entrada de programas que condicionan a los pueblos indígenas en relación a su territorio. Fue así como poco a poco entraron actores ajenos a los pueblos y con una clara visión de despojo, saqueo de nuestros bienes naturales y nuestro territorio para otros fines menos el de respetar nuestro derecho sobre esa tierra y territorio nuestra y de nuestros antepasados, y de nuestros futuros hijos e hijas. La acción inmediata de la CRAC fue la de informar y alertar a las comunidades sobre dicha amenaza, a través de las asambleas. Esto impidió la firma de otros convenios bajo engaños en algunas comunidades de la región de la montaña. También se tuvo una fuerte campaña informativa sobre datos concretos de qué es una minera, qué daños causa a la salud y a la madre tierra, y la violencia que se desata una vez que entran, es decir, las amenazas latentes a nuestra vida y a nuestro territorio. Tanto la CRAC como otros actores locales, al enterarse de la amenaza minera, entraron en un proceso por la defensa del territorio comunitario, sin dejar de lado la participación más elemental, la de los propios pueblos formados por hombres, mujeres, jóvenes y niños dispuestos a defender lo que les heredaron los abuelos y que será herencia de las generaciones que vienen. Se dijo que no permitirán la explotación minera en territorio comunitario. Se realizaron asambleas informativas, se dieron talleres y se llevaron expertos para platicar sobre derechos de los pueblos indígenas, se proyectaron documentales de otros casos de minería en el país y en América Latina para hacer ver a nuestros paisanos que hay muchos pueblos hermanos que han luchado por años; que es posible y necesario pelear por lo que es nuestro, pero eso lo podemos hacer solo con nuestro pueblo informado. En marzo de 2011 se convocaron a medios alternativos y radios comunitarias del país para que se sumaran a una campaña para dar a conocer la situación de la amenaza de las empresas mineras a la región Costa Chica- Montaña donde opera la CRAC. Surgió la campaña “A corazón abierto defendamos la Madre Tierra en contra de la minería” en medios como las radios comunitarias de la CRAC, radio Ñomdaa en Xochistlahuaca, Uam milauak tlajtoli en Chilapa, Radio Unisur en Cuajinicuilapa, y redes sociales como Facebook. Otra de las acciones inmediatas fue la pinta de carreteras y muros en escuelas, para manifestar el rechazo a las mineras por parte de alumnos de la región. Una estrategia en territorio comunitario fue una campaña permanente de movilización y vigilancia de los policías comunitarios para identificar movimientos o presencia de vehículos o presencia del personal de las mineras. Otra acción inmediata fue el nombramiento de una comisión para la defensa del territorio, integrada por representantes de núcleos agrarios de las comunidades, cuya principal tarea era articular todas las acciones dirigidas a la defensa del territorio: información, acciones legales, etcétera, coordinadas con las asambleas de sus núcleos agrarios. Otra de las acciones emprendida tiene que ver con la estrategia conjunta entre la CRAC y Tlachinollan de llevar a cabo asambleas agrarias de comuneros y ejidatarios, para registrar la decisión tomada en asambleas, es decir, llevar el registro de las actas de asamblea de rechazo a las mineras ante el RAN (Registro Agrario Nacional). Hay varios amparos interpuestos, algunos aceptados y otros que fueron entregadas ante el RAN pero que se rechazaron porque supuestamente no cumplieron con los requisitos, aunque sabemos que hay toda una estrategia donde estos gobiernos no permitirán que los pueblos nos organicemos y registremos los rechazos por la vía legal. Esto deslegitimaría la política nacional de hacer negocio con patrimonio nacional a empresas nacionales y transnacionales. Entendemos que solos no podremos ganar esta lucha, pero sí unidos como pueblos, como coordinadora, como regiones, como estados y como países en contra de las empresas depredadoras y asesinas como lo son las mineras. A nivel naciona, se han hecho alianzas con los demás movimientos antimineros, y a nivel local y regional también hemos hecho alianzas de trabajo, apoyo y solidaridad con organizaciones civiles y de derechos humanos. A raíz de este proceso iniciado por la defensa del territorio comunitario, se presentaron actos de intimidación hacia algunos estudiantes que han promovido la lucha contra las mineras. La estrategia de las empresas es actuar mediante grupos de choque que intimidan y realizan el trabajo sucio. Otra situación se presentó con el comité para la defensa del territorio, que recibió llamadas de atención por no realizar asambleas en algunos núcleos agrarios donde hay presencia agentes de las empresas mineras. Muchos de ellos pararon el proceso informativo como autoridades pero otros muchos no lo hicieron, continuaron su labor informativa y de apoyo a sus pueblos. No es casualidad que desde el 2010 a la fecha se han presentado hechos de hostigamiento que la CRAC atribuye a las presiones del gobierno para desestabilizar a la organización, desviar la atención del problema de fondo y detonar conflictos latentes, todo esto encaminado a permitir la entrada de las mineras. Entre estos están el aumento de presencia de la delincuencia organizada, así como las detenciones hechas a policías, comandantes y coordinadores de la CRAC desde el 2012, con argumentos de que no pueden salir armados de su territorio, ó que portan arman de uso exclusivo del ejército. Está el peligro latente de incorporar a la CRAC al mando único policial, propuesta enviada por el gobernador Ángel Aguirre al congreso, que para nosotros significaría perder la esencia de la policía comunitaria de los pueblos, que sirve a los pueblos y que por ellos tiene su sentido de existencia. El amplio despojo Una vez que las mineras se dieron cuenta que no podrán entrar porque los pueblos las rechazan -una decisión firme de los pueblos de la montaña, nahuas, na savi y me phaa- buscaron otras estrategias. Una de ellas y quizás la más disfrazada como de “beneficio para los pueblos”, es la de declarar la región como “Reserva de la biósfera” sin consulta a nuestros pueblos y sin respeto al territorio histórico que tenemos y que por tantos años hemos cuidado. Nuestras autoridades y pueblos enteros reaccionaron y corrieron al rector de la Universidad Intercultural Del Estado De Guerrero (UIEG), Rafael Aréstegui Ruiz, y a algunos académicos. Los pueblos tomaron las instalaciones de dicha institución para aclarar, reclamar y exigir cancelación del convenio firmado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN) para iniciar trabajos hacia la declaración de la Montaña de Guerrero como Área Natural Protegida con categoría de Biósfera, en 157 mil 896 hectáreas. Todo este proceso inició sin el consentimiento de los pueblos y utilizando a los jóvenes de esa universidad para entrar a las comunidades y dar la información para convencer a los pueblos. Se rechazó por unanimidad la reserva de la biósfera en la montaña. Sin embargo, sabemos que el gobierno insiste porque tanto la reserva como las mineras representan jugosas ganancias para sus socios empresarios. La amenaza latente En los últimos años han aparecido y se han fortalecido desde el gobierno a organizaciones economicistas que, bajo argumentos de una lucha social generan el acercamiento del gobierno y las empresas a las comunidades a través de proyectos productivos. Esto daña el tejido comunitario y el mismo proyecto de la CRAC, porque no queda fuera de estas estrategias manipuladoras del gobierno estatal. A nivel de infraestructura tenemos que, en los últimos dos años, se han pavimentando más carreteras, se ha establecido una subestación eléctrica en San Luis Acatlán -que lleva una línea eléctrica a la zona donde están las concesiones-, y en el caso de la montaña, se amplió el financiamiento de programas sociales y de “zonas de conservación”; además se da fuerte impulso por renovar los convenios con los pueblos para los pagos por servicios ambientales e hidrológicos. Tenemos en contraposición al proceso por la defensa del territorio comunitario en la Montaña y Costa chica, una firme intención del gobierno estatal y federal -en complicidad con las empresas mineras-, para que se instalen en la región. Por un lado han querido negociar con actores específicos en la zona, han buscado cómo entrar de modo “no violento”, y como gente “civilizada”, como lo manifestó el asesor en materia ambiental del gobernador Aguirre Rivero, lo que tuvo respuesta con algunos actores y líderes en las comunidades. La estrategia es negociar con la CRAC y tender una especie de “reunión de acuerdos” donde se quiso pactar con las demandas históricas de la CRAC hacia el gobierno del estado, como equipamiento, armamento, uniformes, cocinas y apoyo para los policías comunitarios, a cambio de que la CRAC no se oponga y dé luz verde a la entrada de las empresas mineras a la zona. Sin embargo, debemos dejar claro que nuestros coordinadores son representantes, y la decisión no es ni será de unas cuantas personas. La decisión la tenemos los pueblos que conformamos este sistema de seguridad, justicia, y reeducación, que vemos cómo los dientes venenosos de los gobiernos corruptos quieren jugar con programas y dádivas como lo ha hecho históricamente con los pueblos indígenas. En una reunión con el asesor en materia ambiental del gobernador, se presentó el panorama de la zona como de miseria, hambre y pobreza. Nos dijeron que podemos “seguir viviendo encima de los tesoros de la montaña”, que hay que sacarlos para mejorar la vida de las comunidades, que en la región se habla de un modelo de “minería ejemplar” no vista antes en otros lugares del mundo y primera en su tipo. Argumentos de este tipo giraron en torno a esta propuesta que trae el gobierno estatal, a la cual denomina “acuerdo de voluntades” y que será el eje rector de su política de minería de gran visión. Mientras tanto, las comunidades na savi, mee pha y mestizas que habitan dentro del territorio comunitario manifestaron su rechazo a la explotación minera. Claramente podemos darnos cuenta que tenemos un gobierno federal, estatal e incluso municipal que está al servicio de las transnacionales, que sabemos bien que no se pondrán de nuestro lado. Es un descaro pretender ser interlocutores entre las empresas y los pueblos; de antemano sabemos que estos gobiernos que tenemos no moverán ni un sólo dedo para respetar nuestros derechos si lo que han hecho por tanto tiempo ha sido invisibilizarnos. Si bien es cierto, que como pueblos estamos dispuestos a la defensa de la vida, el reto es generar un desarrollo desde nuestra propia cosmovisión como mujeres, hombres, niños y jóvenes que no queremos ver destruidos nuestros cerros sagrados, nuestros ojos de agua, nuestros hogares, ríos, ni la vida comunitaria que llevamos por años. Hay un claro rezago social y marginación que envuelve a nuestros pueblos, esta necesidad y falta de oportunidad de trabajo, educación, salud, servicios públicos en la región es aprovechada por las empresas para ofrecer las maravillas de la minería, sin decir cuáles son las consecuencias a la salud, a la madre tierra y lo que dejan cuando se van de las comunidades. Lo que es cierto es que, con o sin dinero, la gran mayoría de las comunidades dijeron que no permitirán la entrada de las mineras a la región, que están dispuestos a defender con todo la tierra y el territorio histórico porque no sólo son números ni materia prima, son cerros que tienen vida, que tienen guardianes, son ríos que tienen espíritu y corazón y son árboles que lloran cuando no se les respeta. Sabemos que esta lucha de despojo no la ganaremos solos, somos conscientes que debemos unificar la lucha de la Montaña y Costa Chica de Guerrero con los actores locales, estatales, nacionales e internacionales, que al igual que nosotros son amenazados por estos megaproyectos extractivistas, de robo, saqueo, despojo y violación de derechos humanos y derechos como pueblos indígenas, y que en definitiva atentan contra nuestra soberanía nacional. Nuestra propuesta como pueblos de la CRAC va encaminada a no dejar la decisión de si entran o no las mineras a nuestros territorios en manos del gobierno. Sabemos bien que no podemos esperar nada bueno de ellos. Más bien la lucha tiene que ser un proceso en que nosotros, los pueblos organizados, nos dotemos de las herramientas, procedimientos y normas para la defensa de nuestras tierras y territorios. La situación actual de confusión y divisionismo que se vive en territorio comunitario de la CRAC es bien aprovechada por el gobierno y las empresas mineras, que siguen firmes y claras en su intención de explotar minerales en la montaña y en la Costa Chica. Es por ello que denunciamos la fuerte intención del gobierno por llenar de proyectos, programas y obras a todos los pueblos pertenecientes al territorio comunitario a través de su representante para el diálogo con los pueblos, Jaime Martínez Veloz. Esto es preocupante porque no sólo se pone en riesgo el carácter autónomo de los pueblos para generar su propio desarrollo, sino que la estrategia es visible: encasillar a un proceso de larga trayectoria como la CRAC de más de 17 años en un proceso de dádivas a cambio de silenciar o apaciguar demandas que por derecho nos corresponden. [1] [1] Vemos claramente la actuación de las empresas a través del senador Armando Ríos Piter, quien es el principal promotor de las mineras en el estado y en el país. Recientemente presentó en el pleno una iniciativa de reforma a la ley minera que sigue violando el derecho de los pueblos, reduce su iniciativa al ámbito de la productividad y competitividad; es decir, una iniciativa netamente empresarial, a decir de su firme intención de querer pactar la entrada de las mineras con “actores clave” en la región, aprovechando su puesto político como senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y queriendo legitimarse en una asamblea de la CRAC el pasado 13 de julio. Ahí los pueblos le hicimos ver que no nos puede engañar, que sabemos que las mineras lo han comprado y que él pretende hacer lo mismo en territorio comunitario, pero que tenga claro que los que mandan somos los pueblos enteros, por asamblea, organizados todos juntos no por separado ni de manera individual. Como pueblos, ante la embestida que se vino y que nos está dividiendo cada día, debemos entender que es urgente reorganizar nuestra lucha y nuestra defensa como parte de este territorio comunitario. Es momento que nos sumemos hombres, mujeres, niños, jóvenes, abuelos y abuelas, sólo así podremos detener a este monstruo que representan las mineras, sólo así podremos poner un alto a estos megaproyectos de saqueo, destrucción y despojo territorial. La minería no es una opción, es más bien la vía hacia el exterminio de nuestras culturas, de nuestras lenguas, tradiciones, costumbres y de todo lo que hemos recibido de manos de nuestros antepasados. Perderemos todo a cambio de unos cuantos pesos. Tenemos que entender y convencernos que la vida vale más que todo el oro del mundo. El territorio no se vende ni se negocia, se tiene que reconocer, revalorar, defender, proteger y cuidar; somos los cuidadores, los guardianes quienes tenemos la encomienda de muchas generaciones pasadas de defender y proteger este territorio sagrado que quedará a nuestros sucesores.