Dos proyectos de nación se dirimen en Tepoztlán con la ampliación de una carretera

Los tepoztecos afirman que existe una estrategia de división de los pueblos a nivel nacional, con un equipo encargado de la “ingeniería de conflictos, la compra de sectores de la población y la división de las comunidades”.

Tepoztlán, Morelos. El conflicto derivado de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla crece en esta región. Comuneros y ejidatarios organizados en Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) se mantienen firmes en su rechazo al proyecto del gobierno federal, instrumentado por los gobiernos estatal y municipal. La constructora es la empresa Tradeco, cuyas maquinarias iniciaron la devastación de las tierras cultivables de los alrededores de Tepoztlán. “Empezaron la destrucción, pero esto no termina y defenderemos el territorio que todavía no está devastado”, declara Guillermo Hernández, comunero y vocero del movimiento opositor a la ampliación de la autopista. El ambiente en la cabecera municipal es tenso. En tan sólo una semana se registraron el desalojo policiaco del campamento de vigilancia del territorio, se desconoció al presidente municipal por incumplir su compromiso de defender la tierra y se usó a grupos de choque para confrontar a los comuneros. El domingo 28 de julio los ánimos se crisparon y no pudo realizarse la asamblea de bienes comunales. Cerca de trescientos hombres y mujeres llegaron en tropel gritando ¡Sí a la autopista!, mientras los comuneros de FUDT llaman a la cordura y a no caer en la provocación de “los grupos de choque pagados por el gobierno y la constructora”. Los 21 kilómetros con 60 metros de ancho están dividiendo a la comunidad. Los opositores al proyecto de ampliación están decididos a no dejar que una carretera destruya el ecosistema de la región, tierras altamente cultivables que les han dado de comer toda la vida; además de la flora y la fauna endémica. Los grupos que se manifiestan a favor alegan que habrá “progreso” y se mejorará el tráfico. El proyecto carretero contempla la expropiación y devastación de 125 hectáreas de territorio de Tepoztlán, con el consiguiente arrasamiento de esta zona, declarada reserva ecológica en 1937 por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Aquí, afirma la profesora Osvelia Quiroz González, “se está cambiando la tierra por cemento”. Donde hasta ahora ha crecido el maíz, pronto, si se realiza este proyecto, crecerán fraccionamientos y casas de campo para el turismo de fin de semana. Osvelia Quiroz detalla que la construcción de la autopista afectará la vida completa del pueblo, cultural y ecológicamente, ya que pasa por la zona arqueológica de Tlaxomolco y por los cerros Yohualtepetl y Zematzin, que serán derribados porque están al pie del trazo de la misma. “Es también una zona que contiene importantes mantos acuíferos”, agrega la maestra. Tensión y hostigamiento De los 21 kilómetros de ampliación de la autopista, cuatro están en tierras ejidales y cerca de 16 en territorio comunal. Los Frentes intentan frenar la obra en todo el tramo, aunque la constructora ya inició los trabajos en la parte ejidal amparada en un acta falsa, denuncia la profesora Quiroz. El martes 23 de julio, la policía estatal desalojó el campamento de vigilancia “Caudillo del Sur”, que los comuneros instalaron para evitar que la constructora Tradeco arrase con las tierras y que detuvo, a inicios de julio, a seis trabajadores que talaron árboles ilegalmente. Después del desalojo, los trabajadores de la empresa “destruyeron vegetación y están trabajando cinco kilómetros arriba con cinco o seis máquinas de trascabo” en territorio comunal, informa el vocero Hernández. Los opositores puntualizan que los dueños de la maquinaria que realiza el desmonte son Elías Navarrete, tío del presidente municipal de Tepoztlán, y el ex presidente municipal Gabino Ríos. “Cuando el gobierno dijo que el 50 por ciento de los mil millones de pesos que costará la obra serán para los tepoztecos, se refería seguramente a los familiares de las autoridades municipales”, ironiza Hernández. El presidente municipal incumplió los acuerdos tomados con los comuneros, denuncian integrantes del movimiento, pues se comprometió a ir el miércoles 24 de julio al kilómetro 16, lugar del desalojo, para notificar a la empresa la cancelación de la obra y solicitar la salida de los granaderos. En vez de lo pactado, los comuneros recibieron mayor presencia policiaca, por lo que desconocieron al alcalde Francisco Navarrete. Un integrante del FUDT se puso en huelga de hambre y se instaló un campamento de protesta en el zócalo del pueblo; ambas protestas fueron levantadas el 28 de julio. La asamblea de comuneros no se pudo realizar pues “de forma inexplicable, no se contó con la presencia del presidente, el secretario y el tesorero del Colegiado de Bienes Comunales”, explica Pedro Flores Palacios, presidente del Consejo de Vigilancia del organismo. “No sabemos si el presidente está presionado, pero desde el 22 de julio no lo vemos, teníamos una cinta conjunta en la Secretaría del Medio Ambiente y no asistió”. A esta oportunidad sí llegaron los grupos que apoyan la obra. La importancia de la asamblea, puntualiza un opositor que se negó a dar su nombre por seguridad, “es porque en Xochicuautla, Estado de México, vimos lo mismo: los policías rodean la asamblea y los acarreados entran para obligar a que el tema se apruebe en asuntos generales”. Después de la irrupción de los grupos de choque en la asamblea, la estrategia de los comuneros “debe cambiar a profundidad; hoy constatamos cómo todo el poder económico y político se volcó para oprimir a un pueblo valiente que defiende su territorio”, opinó Guillermo Hernández, mientras a las afueras del auditorio permanecen los policías, que videogrababan a los opositores a la autopista. Grupos de choque El grupo de cerca de 250 personas –aunque en la semana anterior la funcionaria María Félix Sandoval Ortiz aseguró que serían al menos 800- que irrumpió en la asamblea comunitaria se distribuyó dentro y fuera del recinto, coordinado por hombres que a través de aparatos de comunicación ordenaron por dónde entrarían y saldrían los grupos, y la hora en que debían gritar o retirarse. Jaime Escobedo, joven habitante de Tepoztlán, asegura que el grupo “Sí a la autopista” es de acarreados que “vienen de Yautepec y otras comunidades”. El comunero Guillermo Hernández especifica que la mitad de este grupo no son habitantes de Tepoztlán, sino gente que invadió la zona de reserva ecológica El Tescal, ubicada en los límites de Jiutepec y Cuernavaca, y que edificó 14 colonias. “Son gente humilde a la que el gobierno de Graco Ramírez promete que les reconocerá como válida la venta ilegal de tierra comunal”, acusa Hernández. La señora Consuelo Hernández asegura que entre quienes se manifiestan a favor de la autopista están empleados del ayuntamiento, de la constructora y sus familiares. “Les dieron 150 pesos”, informa. Un comerciante de la cabecera municipal, que manifiesta su desacuerdo con “el despojo de tierras comunales”, denuncia que hay gente que está mal informada y que recibe despensas o 500 pesos por parte del gobierno para apoyar la autopista. “El gobierno sabe que hay necesidad, y esta gente no es consciente del daño que le hace a su tierra”. Pedro Flores considera que está diseñada una estrategia de división de los pueblos a nivel nacional, con un equipo encargado de la “ingeniería de conflictos, la compra de sectores de la población y la división de las comunidades”. Cuestionados por sus razones para estar a favor de la autopista, hombres y mujeres del grupo “Sí a la autopista” evaden dar respuestas. “Pues porque sí”, repite un matrimonio. “Para que tengan mayor seguridad los que viajan en la carretera y que no haya tráfico”, complementa un joven que apenas parece rebasar los 20 años, en medio de sus acompañantes –algunos con aliento alcohólico. A cambio de acudir a las manifestaciones de apoyo a la autopista, “en San Juan nos harán una escuela”, afirma otro hombre, “pero eso sí, siempre hay que exigir”. Arcadio Durán, de San Juan Tlacotenco, señala que la autopista “hará que las comunidades salgan adelante, es buena para el turismo y la economía”. Un ama de casa de Ocotitlán, quien se niega a dar su nombre, asegura que es necesaria la ampliación de la carretera pues hace dos años su bebé murió porque la ambulancia no alcanzó a llegar a su casa. Afirma que los comuneros están equivocados pues “el pueblo necesita progresar”. Un dirigente del grupo a favor de la autopista acusa, fuera del auditorio, que quienes se oponen a la obra “no quieren el progreso”. María Dolores Palacios, originaria de Tepoztlán, asegura que es neutral ante la ampliación de la autopista, a la que considera “un mal necesario porque la de ahora es peligrosa”. “Pues es que mandan a propósito a los tráileres por acá”, revira Consuelo Martínez. Grupos de hombres jóvenes reparten carteles a favor de la autopista al grupo. “Esta gente no son nuestros enemigos, son gente humilde manipulada, y no nos enfrentaremos”, asegura Guillermo Hernández. Los comuneros de Tepoztlán precisan que otros integrantes del grupo de choque provienen del pueblo de San Juan Tlacotenco –parte de Tepoztlán pero que “siempre juega a favor del gobierno porque quiere apropiarse de la mitad de las tierras”, acusa el vocero del movimiento en defensa del territorio. Veinte años atrás, cuando Tepoztlán logró cancelar el proyecto del campo de golf, este mismo grupo jugó a favor del gobierno a cambio de beneficios personales, recuerda Hernández. Pedro Flores comenta que el clima de enfrentamiento está promovido por grandes intereses económicos y la constructora Tradeco, y que el grupo que irrumpió en la asamblea son personas lideradas por individuos que ostentan cargos públicos y tienen cierta capacidad de manejo de presupuestos públicos. Quienes conforman estos grupos de choque, sugiere el integrante del organismo comunal, están vinculados al reparto selectivo de los programas del gobierno federal Progresa y Oportunidades. Los opositores a la autopista señalan como el principal instigador de la violencia a Odorico Villegas, ex ayudante municipal de San Juan, e informan que el grupo comenzó a actuar tres meses atrás. “No es posible que el presidente se preste a estos enfrentamientos, si él está para conciliar. Yo lo hago responsable de todos los heridos que haya por permitir esto”, lanza la señora Martínez. El comerciante agrega que el gobierno no sólo está sordo, sino que manda a reprimir al pueblo. “Por el momento no hay enfrentamientos y no queremos caer en provocaciones”, finaliza. “Venimos a la asamblea para que se acabe la oposición y se vea que el pueblo está unido”, asegura Durán. Carlos Vargas (identificado con el panismo en Tepoztlán) agradeció al grupo su asistencia para poner un alto al grupo “que quiere el retraso”. “Ratificamos nuestro apoyo al presidente municipal”, exclama Marciano Sánchez. Ilegalidad de la obra Los defensores del territorio–bregados ya en otras batallas, como la que presentaron en 1995 ante el Club de Golf- lanzarán su lucha más allá del municipio. “Nos articularemos a nivel regional, nacional e internacional; además, emplazaremos al gobierno de Graco Ramírez a que presente los documentos que avalan los trabajos”, informa Hernández, integrante de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán. Los comuneros están seguros de que demostrarán que el gobierno estatal miente, pues ninguna asamblea ha autorizado que inicien los trabajos de la ampliación. “Tradeco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comenten un gran delito porque no hay ninguna autorización”, sostiene Hernández, vocero del movimiento. El pueblo de Tepoztlán no ha sido informado en asamblea del proyecto; lo que se conoce, afirma Quiroz, es por el trazo hecho directamente en el lugar. El FPDT argumenta que la obra es ilegal, pues la empresa no cuenta con ningún permiso, autorización o convenio de ocupación de las tierras. El abogado Fidel Hernández, quien acompaña el proceso de defensa de la tierra tepozteca, informa que interpusieron denuncias por despojo en el Tribunal Agrario, pues Tradeco entró “a la mala” en tierra comunal y violó derechos de sus propietarios. El miedo del gobierno El comunero Flores indica, en entrevista con Desinformémonos, que los integrantes del Frente solicitaron un debate público a las autoridades, pero éstas ofrecieron un diálogo “en lo oscuro” con algunos líderes y una consulta ciudadana manipulada. Para el integrante de los Bienes Comunales, “necesitamos un debate público al que pueda asistir el pueblo de Tepoztlán, en el cual la constructora y las autoridades presenten el proyecto de la autopista y expliquen sus ventajas e inconvenientes, así como la afectación al medio ambiente”. Flores insiste en que la constructora, “cuya presencia ha sido ilegal”, debe exhibir la documentación correspondiente a los permisos y licencias para la construcción, “y nosotros exhibiremos los documentos correspondientes a los decretos presidenciales de 1929, 1937 y 1988 que protegen a Tepoztlán haciéndolo parque nacional y parte integrante del corredor biológico Ajusco Chichinautzin”. Para el 3 de agosto, los dirigentes del grupo de “Sí a la autopista” convocan a su gente a llevar a más personas a una asamblea abierta que exigirán que se realice en el zócalo de Tepoztlán. “Volverán a acarrear gente porque buscan la confrontación”, pronostica Guillermo Hernández. “Al gobierno de Graco Ramírez le urge demostrar que somos violentos, pero esta gente a la que movilizan no encontrará con quien pelear”. El gobierno, asegura Hernández, tiene miedo. “Pudieron intentar venir para validar el despojo, pero no tuvieron la capacidad de hacerlo”, finaliza el vocero del movimiento. Por ADAZAHIRA CHÁVEZ, LIGIA GARCÍA, ALICIA ORTIZ Y GLORIA MUÑOZ