Proceso de Marco Suástegui, opositor a la presa La Parota en Guerrero, ha estado plagado de irregularidades

19 de junio. A un año del encarcelamiento de Marco Antonio Suástegui, opositor a presa La Parota en Guerrero, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Acapulco, debe resolver las tres apelaciones pendientes contra los autos de formal prisión por la imputación de ataques a las vías de comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo, informó el abogado defensor Rogelio Teliz García.

A un año del encarcelamiento de Marco Antonio Suástegui, opositor a presa La Parota en Guerrero, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Acapulco, debe resolver las tres apelaciones pendientes contra los autos de formal prisión por la imputación de ataques a las vías de comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo, informó el abogado defensor Rogelio Teliz García. El proceso de defensa de Suástegui Muñoz ha sido complicado, arguyó el abogado del Centro de Derechos Humanos la Montaña Tlachinollan, que ha estado plagado de irregularidades. En el mes de marzo, gracias a una sentencia dictada por un juez, el opositor a la presa La Parota, fue trasladado de un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, a uno en la Unión, Guerrero, debido a que las autoridades no pudieron justificar las razones por las que Suástegui debía estar en un penal federal, informó el abogado Telíz. Para el abogado, desde este penal en Guerrero, se ha facilitado más la defensa y tanto para Suástegui como para su familia ha sido mejor el cambio, aunque su exigencia sigue siendo la libertad inmediata. “Marco se siente contento después de haber estado en un penal federal y a cientos de kilómetros de su comunidad, ya puede ver de manera más regular a su familia, la puede abrazar, porque en Nayarit no era posible”. El abogado de Tlachinollan, espera que las audiencias previstas para agosto y septiembre, se notifiqué la libertad a Suástegui, pues no hay ninguna justificación para que siga privado de su libertad. Más de una década de resistencia Desde la detención del vocero del Cecop, la marina, la policía estatal han hecho presencia en los alrededores de Cacahuatepec; el ejército ha intentado entrar ante la elección de la comunidad de tener su propia policía comunitaria. “Hace dos años la comunidad exigía al Estado que les brindara seguridad y ante la negativa de éste, decidieron crear su propio sistema de vigilancia y ahora sí, el gobierno quiere que el ejército entre”. En más de una década el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la hidroeléctrica La Parota (CECOP), emprendió la defensa de su territorio, esto le valió la detención de uno de sus voceros. A media hora de la capital guerrerense la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pretende llevar a cabo un proyecto hidroeléctrico para el cauce del río Papagayo, donde la cortina de la presa tendrá unos 200 metros de altura. La zona, advierten, es altamente sísmica y estará en terrenos ejidales, donde perjudicará a más de 47 comunidades y ejidos anexos, además de las afectaciones ambientales, motivos que detonaron el descontento de los pobladores. El proyecto inundará 13 poblados, la hidroeléctrica traería como consecuencia la reubicación de más de 20 mil habitantes que serán obligados a abandonar sus hogares (de los cuales el 76 por ciento se dedica a la actividad agrícola); la inundación de 14 mil 213 hectáreas; la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco y el embalse de 13 mil 728 hectáreas de superficie. La comunidad de Cacahuatepec ha recibido cinco decisiones favorables en contra de la construcción de la presa por parte de Tribunales Agrarios, reconociendo que son los comuneros, ejidatarios y avecindados, quienes tienen la razón legal para decidir sobre el uso de sus tierras. “El gobierno cada año destina determinados recursos para obras y gestiones a la CFE, para que persuadan a la gente del proyecto, pero las comunidades se mantienen firmes en el rechazo de la presa”, refirió el abogado.