Van contra abusos en cárceles del País

Impulsa Senado reforma a las prisiones

Las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado impulsan la creación de una nueva Ley de Ejecución Penal, con la finalidad de frenar los abusos e irregularidades que existen en el sistema penitenciario. El proyecto establece las disposiciones que aplicarán sobre todas las personas procesadas y sentenciadas, que podrán tener acceso a la reparación de daño, cuando se registre una violación a sus derechos humanos. Contempla la creación de dos nuevos centros de Extinción de Penas y de Prisión Preventiva, pero también enlista las atribuciones con las que contarán los jueces de ejecución y tribunales respectivos. La iniciativa, que fue turnada a comisiones, puntualiza los mecanismos que aplicarán para el traslado de personas y también las disposiciones relacionadas con el régimen disciplinario que tendrán que adoptar las direcciones de dichos centros penitenciarios. La propuesta de consenso incluye sanciones y medidas penales “no privativas de la libertad”, para personas inimputables, además de detallar los procedimientos en la ejecución penal y la posibilidad del recurso de apelación. También se plantea la creación de bases de datos criminalísticas y del personal que está sujeto a prisión preventiva. Se sustituye el Sistema Nacional de Información Penitenciaria, por el Registro Nacional de Ejecución Penal, que se constituirá como un sistema único de información criminal, para la Federación y los estados. De aprobarse, la nueva ley garantizará la autenticidad de los registros de las personas privadas de la libertad. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, explicó que la propuesta permitirá darle congruencia a la reforma constitucional de 2011 y a la reforma penal de 2008. “El internamiento actualmente deja en una situación de vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad, frente a abusos de poder”, expresó. “Esta reforma va a permitir al Ejecutivo Federal y de las 32 entidades federativas empezar a poner orden en cada uno de los reclusorios en nuestro País”. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, reconoció que el sistema penitenciario mexicano tiene graves y grandes problemas en su funcionamiento, ya que no cumple con la reinserción social. “Las sanciones penales no deben por ningún motivo sobrepasar la privación o la restricción de la libertad”, afirmó. “Se debe garantizar que las sanciones no causen más limitaciones a los derechos o a las condiciones de las personas que la viven, de aquellas que la ley establece o que sean consecuencia de una resolución judicial que se le impone”.