Podrían parar el acueducto

La SEMARNAT podrá ordenar en cualquier momento al Gobierno de Sonora que suspenda el trasvase de El Novillo a Hermosillo

De existir “alguna posible afectación” a sus derechos o el riesgo de “causar un daño irreparable” a la Comunidad Yaqui, el Gobierno de Sonora deberá suspender, “en cualquier momento”, la operación del acueducto Independencia. Con esta resolución emitida ayer, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales los alcances de la sentencia dictada el pasado 8 de mayo a favor de la Tribu Yaqui. En la aclaración que formuló el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, se ratifica la insubsistencia del Manifiesto de Impacto Ambiental y ordena a la SEMARNAT que “a la mayor brevedad posible” realice la consulta a la Comunidad Yaqui para reponer el proceso de autorización con que se construyó la obra. En el resolutivo del Máximo Tribunal de Justicia en el País se establece que SEMANART deberá recabar los elementos necesarios para determinar la existencia de algún posible perjuicio a los derechos de la etnia. Y en caso de que se demuestre alguna afectación, la autoridad responsable deberá tomar las acciones y medidas que resulten adecuadas en el ámbito de su competencia para resarcir o aminorar los daños que incidan en la subsistencia de la comunidad indígena, “pudiendo llegar, en caso necesario, a determinar la suspensión del acueducto Independencia”. Finalmente, la SCJN estableció en el dictamen que aunque el efecto del juicio de amparo no es que de inmediato se suspenda la operación del acueducto Independencia, la SEMARNAT podrá ordenar “en cualquier momento” al Gobierno del Estado que lo haga; aun cuando no esté concluido el procedimiento de consulta, en caso de que advierta que el funcionamiento de dicha obra puede “causar un daño irreparable a la Comunidad Yaqui”. Los Yaquis argumentan que el proyecto les causaría afectaciones graves en su capacidad para acceder al vital recurso. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) denunció que existe un “riesgo de represalias” hacia los activistas yaquis Mario Luna Romero y Tomás Rojo, contra quienes se han abierto juicios relacionados con su oposición al Acueducto Independencia. Y es que los indígenas Yaquis son acusados de “ataques a las vías de comunicación en el orden federal y de secuestro en el orden estatal”.