Pide solución, no negociación MCA

Ya cumplió ayer 78 días las acciones de protestas de los integrantes de la Etnia Yaqui y miembros del Movimiento Ciudadano Por el Agua contra el acueducto Independencia.

La profundidad y el peso estratégico que tiene para el País la grave problemática propiciada por el Gobierno de Guillermo Padres con la aberrante intención de desviar las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, reclama una solución y no una negociación. Así lo expresaron miembros del Movimiento Ciudadano Por el Agua, encabezados por Plutarco Pérez Aguirre Elías Calles y Alberto Vizcarra Osuna, quienes expresaron que el problema implica abordar dos frentes imprescindibles: Un respeto irrestricto a la legalidad y al Estado de Derecho y la formulación de una política de gestión de más agua para Sonora y para México. "Reiteramos esta postura, porque se ha filtrado la intención del Gobierno Federal de propiciar una negociación, en la que se acepte "la operación temporal del acueducto Independencia", bajo la promesa de que se construiría una desaladora", comentaron. El Movimiento Ciudadano por el Agua comparte y se reconoce en lo que las Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui le dijeron la tarde de ayer al delegado de Gobernación en Sonora: El inicio del diálogo con la Secretaría de Gobernación, no es una mesa de negociación, sino la discusión para que el Gobierno Federal cumpla a cabalidad con los ordenamientos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También compartimos lo establecido ahí mismo por la Tribu Yaqui, de que todas las decisiones se tomarán en la Guardia Tradicional del Pueblo de Vícam. Esto, es la SEMARNAT y la PROFEPA, deben en las próximas horas informarle de manera oficial al Gobierno del Estado de Sonora, sobre la insubsistencia del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), situación que obliga a la misma dependencia federal a detener la operación ilegal del acueducto. Esto mismo se lo tiene que informar al Juzgado Décimo de Distrito, para constatar que se ha puesto en marcha el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte. Si estos ordenamientos legales, no se cumplen en las próximas horas, el diálogo que está ofertando la Secretaría de Gobernación carece de sentido, porque el objetivo debe de ser que en lo inmediato se detenga el bombeo ilegal, el robo de aguas nacionales que realiza el Gobierno de Padrés y con ello toda la cauda de abusos, atropellos, amenazas e ilegalidades que han acompañado a la construcción del mencionado acueducto. En este caso, el rostro del Gobierno de Enrique Peña Nieto, es la SEMARNAT y la PROFEPA, son los responsables, junto con la Secretaría de Gobernación, de poner a salvo la palabra empeñada del Presidente, cuando como candidato, y en referencia a las ilegalidades del gobernador Padres, afirmó que el problema del agua en Sonora se tiene que resolver con apego a la Ley al Estado de Derecho; y con proyectos que no dividan a los sonorenses.