El gobierno desobedece su propia ley en el caso del acueducto: yaquis

Las autoridades tradicionales siguen firmes. Anunciaron que subirán el tono de sus protestas y, pese a la desconfianza, llevarán a cabo acciones legales contra el poder ejecutivo, por el incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte favorable a sus demandas.

México. Ante la falta de compromiso con la legalidad y las omisiones para ejecutar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de instituciones federales, la tribu yaqui denunciará a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al gobierno federal. En la reuniones que se realizan diariamente en el bloqueo carretero que desde hace 11 semanas tiene lugar en Vicam, los yaquis acusan que encontraron evidencia de un “aparente contubernio. Su actitud omisa al no ejecutar la sentencia cabalmente, nos genera bastantes sospechas porque definitivamente vemos un trabajo ambiguo y amañado que no permite generar confianza en las instituciones que nos hemos dado los mexicanos”, señaló un habitante del lugar. Los pobladores afirman que los argumentos que utiliza SEMARNAT son como si la secretaría promoviera tanto la construcción como la operación del acueducto. A mediados de julio, una comisión de yaquis y sus representantes legales sostuvieron una reunión con funcionarios de las dependencias federales involucradas, que giró en torno a la pregunta “¿A qué le teme SEMARNAT?” La respuesta, consideran los indígenas, nunca llegó, pues la secretaría esgrimió argumentos legales para responsabilizar a la SCJN de aclarar las resoluciones, y solicitó “tiempo” para resolver los asuntos correspondientes a la controversia constitucional interpuesta por el municipio de Hermosillo y al amparo otorgado a la Tribu. Los abogados de la tribu yaqui cuestionan la incapacidad para atender un asunto tan relevante como el del agua, no sólo en cuanto a los derechos humanos violentados a un pueblo indígena, sino también en cuanto a los asuntos legales, al dar mayor importancia a una suspensión que a una orden ejecutoria de la SCJN. “Es muy grave que la autoridad en lugar de buscar una salida para resolver el problema, busque alargar los procesos y las consultas y seguir con las violaciones. La tensión se incrementará al grado de no poder sentarnos a dialogar”, apuntó uno de los letrados. La comisión yaqui señaló a los representantes gubernamentales la importancia de dar un mensaje de la voluntad de trabajar para resolver la situación, y no la complicidad para permitir el robo como en la administración pasada. “Deben darle una buena leída a la historia de la tribu yaqui y una buena interpretación a la ley; no nos queda claro el actuar de las instituciones en este sentido”, apuntó un representante. “En Sonora existe una manifestación social, y con sus jugadas legaloides están trasladando los bloqueos hasta agosto”, definió un comisionado. “Nosotros dimos un voto de confianza a las instituciones porque la relación que tenemos con los yoris está basada en un tratado de paz firmado en 1927”, agrega. Las señales que envía el gobierno, consideran los yaquis, hacen que se pierda confianza en lo judicial y que “se pongan en riesgo nuestros derechos como mexicanos y los derechos internacionales adquiridos por la historia de sangre derramada en defensa de nuestro territorio”, finalizó la comisión. La defensa del agua que hace la tribu yaqui alcanza proporciones nacionales y se posicionó en las agendas legales como un antecedente en el respeto a los derechos indígenas en cuanto a la consulta previa, libre e informada ante megaproyectos que atentan contra sus bienes y modos de vida. También se nota una maquinaria que no es exclusiva de un grupo de poder ni de una región; el entramado se desborda por dependencias estatales y federales, empresas y corporaciones, así como operadores políticos que promueven el conflicto y la división mediante violencia y represión al interior de los pueblos yaquis. “Declararon una guerra contra los pueblos indígenas”, afirma una mujer del pueblo de Torim, uno de los pueblos yaquis cuya gente o tropa está a favor de evitar el robo de agua, mientras sus autoridades no manifiestan una postura clara al estar de por medio proyectos y beneficios gubernamentales. Como en el pasado, el gobierno actual de Sonora intenta exterminar a yaquis y guarijíos (pueblo indígena de la Sierra) para expandir el desarrollo y progreso, las caras más salvajes del capitalismo. Ésta ya no es la única figura, pues en la medida en que se quedan sin argumentos para avalar el despojo, salen a la luz proyectos millonarios donde grupos empresariales depositan grandes inversiones. El ejemplo más reciente son las “Riberas del Pitic”, proyecto inmobiliario cuya suntuosidad equivale a las dimensiones de terrenos y volúmenes de agua de los que se pretenden apropiar. No tan lejos de esto, la estrategia mediática cumple una función al elevar su tono contra el bloqueo con publicaciones sobre las afectaciones a viajeros y transportistas y las posibles pérdidas económicas que nadie contabiliza pero tampoco descarta. Grandes negocios dependen del agua y para ello, medios regionales acosan diariamente con titulares en periódicos, radio, televisión e internet. Los medios donde es más evidente la situación es en El Diario del Yaqui y El Imparcial, que repiten argumentos de funcionarios y políticos como el rector de la Universidad de Sonora (Unison) o la diputada Federal Leslie Pantoja Hernández. Estas voces, entre líneas, demandan la represión del Estado mexicano, que el Gobierno de Sonora avalaría ansiosamente de la mano del secretario de Gobierno, Roberto Romero López, y el procurador de justicia, Carlos Navarro Sugich. En la sierra y en el valle las cosas pintan iguales. Entre las montañas, el pueblo guarijío se defiende contra la Presa Pilares, obra del proyecto Sonora SI. Esta obra los desplazará mediante una consulta amañada, que por todos los medios intenta dividir y fragmentar a las autoridades indígenas. Las autoridades ya llegaron al grado de evitar cualquier asesoría mediante amenazas de muerte a integrantes de la Red Kabueruma (lo que es honesto, en guarijío), compuesta por investigadores y académicos. Armando Haro, integrante de esta red, comenta que: “los promotores del proyecto volvieron a la carga, a conseguir las firmas de los cinco gobernadores tradicionales en un convenio donde los guarijíos ceden el uso de sus terrenos para la presa, sin garantías de que las promesas que incluye este convenio sean algún día cumplidas”. En el valle, la tribu yaqui no está exenta de dicha estrategia, que inició mucho antes de las manifestaciones en la carretera, a través de personajes designados por el gobernador de Sonora como “autoridades consagradas”. Su estrategia es declarar en los medios fieles al gobierno, su deslinde como “gobernadores yaquis” del movimiento en defensa del agua. La tropa yoeme los conoce como torokoyoris (traidores al pueblo), pues usurpan nombramientos tradicionales sin contar con la estructura civil y eclesiástica necesaria para reconocerse como tal. “Ellos reclaman que son consagrados, pero consagrados de qué. Los que se dicen así están fuera y el gobernador del estado los financia. Para él son los buenos, pero por nuestros usos y costumbres, sin recinto no son autoridades”, explica el señor Flores, habitante de Vícam. Ahora que la balanza legal está a favor de la tribu yaqui, los reconocidos por los yaquis como torokoyoris -Francisco Delgado Romo y Jesús Moroyoqui- construyen un campamento que, a decir de los yaquis en plantón, apunta a dos objetivos: presionar al gobierno federal para desalojar el movimiento que inicia su tercer mes o enfrentarse directamente con ellos, ya que el grupo porta armas y se siente protegido y financiado por el gobierno de Guillermo Padrés Elías. Por otro lado, figuras que se ostentan como cuerpo técnico de algunas autoridades tradicionales buscan la intervención de extranjeros para desprestigiar el trabajo realizado en los tribunales. Uno de ellos es James Hopkins, estadunidense que propone enviar comunicados a la SCJN y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde Arizona para señalar quién es autoridad y quién no lo es, lo cual violenta la autonomía de la tribu. Las autoridades tradicionales siguen firmes. Anunciaron que subirán el tono de sus protestas y, pese a la desconfianza, llevarán a cabo “acciones legales contra la omisión y tácticas dilatorias que orquestan tanto el Juzgado Décimo de Distrito de Hermosillo, como SEMARNAT y PROFEPA. Los vamos a demandar jurídicamente”, anunciaron. Mientras tanto en la Ciudad de México se escucha de nueva cuenta el “no están solos” mediante la campaña nacional e internacional promovida por la Red vs la Represión y por la Solidaridad, titulada Namakasia, palabra en el idioma yaqui que representa la digna lucha de ahora y la de sus mayores.