La pareja de la minería y el crimen organizado en Guerrero

A la vez que aumentan las ganancias de las empresas extractivistas en los territorios indígenas, afros y mestizos, la coincidente presencia de los cárteles presiona a la empobrecida población a desplazarse. FLORENCIA MERCADO

México. Guerreros Unidos, los Ardillos, los Rojos, los Granados, la Barredora y Cartel independiente de Acapulco, son algunas de las bandas con más fama que operan en los mismos lugares donde se encuentran Gold Corp, Minaurum Gold, Zhong Ning Mining Investment de China, Vedome Resources, Hoschild Mining, en territorios originarios de los pueblos nahuas, me’ phaa, ñu savi, comunidades campesinas mestizas y afros. Esta combinación trae un aumento en el empobrecimiento de la población, una producción de riquezas fiscalizadas de los sectores primarios y secundarios que no se traducen en beneficios y, de manera muy importante, una enorme economía informal, que pone en juego múltiples fuerzas que afectan a los indígenas por múltiples flancos. El nombre de Cocula, después de las ejecuciones y desapariciones forzadas del 26 de septiembre de 2014 en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, será recordado como el “lugar de las fosas”. “Lugar de las discordias o riñas”, es la denominación que se deriva del vocablo náhuatl cocolian, metáfora que guarda en su interior una pugna entre impunidad y deseo de justicia, entre riqueza externa y pobreza, entre oro y muerte. Conocida como “El Cinturón de Oro” o “Media Luna”, la región minera ubicada entre el Río Balsas y Tierra Caliente es una de las más prometedoras para la explotación minera, pero no es la única. Tan sólo durante el periodo enero-diciembre 2010, el valor de la producción minera del estado de Guerrero ascendió a 7 mil 819 millones 264 mil 054.50 pesos, según datos publicados en el portal del Panorama Minero del estado.[1] Tan sólo en ese año se extrajeron 10 mil 219.80 toneladas de oro y 61 mil 743.00 de plata, además de otros minerales y materiales pétreos. Hasta 2011, la cobertura estatal de las concesiones mineras registradas en la Subdelegación de la Secretaría de Economía (localizada en la Ciudad de Chilpancingo) era de 11.04 por ciento, ubicadas en 12 regiones: La Unión, Coyuca-Zirándaro, Cutamala, Arcelia-Teleoloapan, Buena Vista de Cuellar, Papanoa, Tlapehuala, San Miguel Totoloapan, Mezcala, La Dicha, Mochitlán-Quechultenango y La Montaña. Para 2013, se calcula que el territorio concesionado llegó al 21 por ciento, es decir, el doble de 2011. Frente a las dimensiones del territorio concesionado, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Guerrero, en el periodo 2011-2013, fue de apenas 0.5 por ciento en promedio, en contraste con el 3 por ciento de la media nacional. De esta cifra, el sector primario (agricultura, minería, etcétera) aporta sólo el 5 por ciento[2]. Siguiendo con las cifras, “en 2013, la entidad recibió 110.3 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa, principalmente por el sector minero, representado por compañías como Minera Gold Corp, Minaurum Gold, Zhong Ning Mining Investment de China, Vedome Resources, Hoschild Mining, entre otras; todo ello en contraste con el porcentaje de población guerrerense en situación de pobreza, que fue de 69.7 por ciento, es decir 2.44 millones de personas al cierre de 2012, lo que representa un incremento frente al 67.6 por ciento de 2010”.[3] Cocula es un municipio que cuenta con 26 localidades, que suman una superficie de 33 mil 920 hectáreas, de las cuales 92 por ciento pertenecen al régimen ejidal y 8 por ciento son de propiedad privada[4]. De esta superficie, el Proyecto Media Luna cuenta con una concesión de mil 012.24 hectáreas, ubicadas a 20 kilómetros de Mezcala[5] y a 70 kilómetros en dirección este del municipio de Iguala, sobre el margen del Río Balsas y la Presa El Caracol.[6] Otro de los proyectos extractivos está ubicado a menos de 50 kilómetros de Iguala, en el distrito áureo denominado Filos de Goldcorp y Érika de Torex, cuyas ganancias han redituado alrededor de 32 millones de onzas de oro y más de 200 millones de onzas de plata, de acuerdo a un reportaje realizado por Bárbara Anderson para el periódico Milenio[7], titulado El oro “orgánico” de Guerrero, haciendo alusión a una entrevista con uno de los operadores de la mina, que manifestó que “el oro está muy a la mano. (…) Apenas hay que escarbar (…). La piedra casi no se tiene que moler y no hay que usar muchos químicos para limpiar el material”… Casi como los cuerpos. En este mismo artículo Anderson sostiene que, “según un cálculo de Merrill McHenry, analista de Industrial Alliance Securities y uno de los gurús del análisis extractivo global, el costo de producción por onza en la región está por debajo del promedio de 325 dólares que ofrece México, contra un promedio de 600 dólares a nivel global”. Esto es uno de los costos de producción de oro más bajos de todo el mundo. Otros inversionistas que han puesto la mira El Cinturón de Oro son Grupo Peñoles y Torex Gold Resources[8], quienes proyectan invertir mil 200 millones de dólares en la explotación de dos minas de oro ubicadas en los municipios de Cocula y Teloloapan, según informó el Secretario de Desarrollo Económico local, José Enrique Castro, quien sostuvo que los proyectos se concretarán en 2015.[9] Desplazamientos y reubicaciones El portal oficial del estado de Guerrero[10] publicó que el 24 de julio de 2014, la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Beatriz Mojica Morga[11], visitó el lugar donde se reubicarán 170 familias de las comunidades Real de Limón y La Fundición del municipio de Cocula, que serán afectadas por la operación de la empresa minera Media Luna, establecida en la comunidad de Nuevo Balsas. Los habitantes serán “reubicados” en el predio denominado El Potrerito, donde se construyeron 170 viviendas que albergarán a más de mil personas de las comunidades que tendrán afectación directa por la empresa minera Media Luna, S.A. de C.V.[12] Cerca de esta región se encuentra la comunidad de La Laguna, de la que fueron desplazadas 45 familias custodiadas por el ejército mexicano a raíz de la inseguridad. Al respecto, organizaciones de derechos humanos han denunciado que este desplazamiento tiene como trasfondo la industria extractiva, ya que se trata de territorios concesionados para tal efecto con el ingrediente de la presencia de cacicazgos tan famosos como el de Rogaciano Alba Álvarez, ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y acusado del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. La población, desde luego, no ha permanecido inerme ante la instalación de las empresas extractivas. El 4 de septiembre, trabajadores de Media Luna iniciaron un paro de labores, bloqueando el acceso a la minera para demandar mejores prestaciones y mayor capacitación[13]. Este día también denunciaron que a las cinco de la mañana del jueves 3 de septiembre, 15 camionetas pickups con personas vestidos de negros, sin placas, con alrededor de siete u ocho elementos por camioneta, detuvieron a los hermanos Rebolledo Salinas y se los llevaron. A este ataque antecede el que sufrió el día 22 de agosto Eligio Rebolledo Salinas, hermano de los tres secuestrados, quien fue herido gravemente por otro comando.[14] En otras latitudes de Guerrero La organización social que hizo público su rechazo a la minería en Guerrero fue la Policía Comunitaria, que en 2010 inició la campaña “A corazón abierto, defendamos la madre tierra”, cuyo el objetivo fue informar a las comunidades sobre los efectos de la megaminería tóxica, la importancia del derecho a la consulta contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la violación que implica la concesión de sus territorios sin su consentimiento y, sobre todo, la necesidad de defender el territorio legal y legítimamente. La respuesta de las autoridades estatales nunca fue explícita, ya que más allá de una campaña de “minería verde” emprendida por la Secretaría de Economía de Guerrero, y de señalar a la región Costa-Montaña como el ejemplo de resistencia a la minería, no hubo acciones para emprender una consulta, ni tampoco señalamientos directos a los líderes de la organización por las acciones de defensa. El Estado más bien actuó en base a usos y costumbres, a sabiendas que los pueblos contaban con los derechos establecidos en la Constitución de Guerrero, la Federal y en la legislación internacional. Fue así que comenzó una campaña de cooptación, consistente en otorgar recursos a algunos líderes, como fue el caso de Eliseo Villar, mientras reprimía a cualquiera que representara algún tipo de disidencia. Ante esta campaña basada en usos y costumbres que emprendió el estado, la campaña contra la minería se fue diluyendo y, salvo valiosas excepciones, como es el juicio de amparo que tramitaron los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ante la falta de consulta en la concesión del subsuelo de la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec[15], ninguna organización indígena o ciudadana ha vuelto a mencionar la situación de la minería en el estado de Guerrero. El intento de Tlachinollan por hacer nuevamente visible al extractivismo en la agenda nacional, en los últimos dos años, se ha visto opacado por las múltiples detenciones de dirigentes sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Destacan los casos de Nestora Salgado García, coordinadora regional de autoridades comunitarias de Olinalá[16], Arturo Campos Herrera, consejero de la CRAC de El Paraíso[17], Gonzalo Molina González[18], Bernardino García Francisco, coordinador regional de la Casa de Justicia del El Paraíso y sobreviviente de la masacre del El Charco, todos acusados de secuestro agravado, delincuencia organizada y, en dos de los casos, se amplía la denuncia a terrorismo y sedición. Esto se suma a las más de 40 detenciones arbitrarias y nueve procesos abiertos en contra de policías comunitarios en ejercicio de sus funciones, entre los que destaca la detención de Marco Antonio Suástegui, en la última región incorporada a la CRAC: La Parota. Las cifras oficiales mantienen un margen gigantesco entre una las enormes ganancias que obtienen las empresas extractivas y la creciente pobreza de la población, que se agudiza con las reubicaciones, los conflictos y, en casos más graves, los desplazamientos forzados. Todo ello, sin considerar la economía “negra” que se mueve a lo largo y ancho del estado[19], cuyas ganancias no sólo obedecen a la producción y el tráfico de estupefacientes; sino también al secuestro y la extorsión. [1] http://www.sgm.gob.mx/pdfs/GUERRERO.pdf [2] Luna, Carmen, “Guerrero, víctima del estancamiento y la violencia”, en CNN en Expansión, 07 de octubre, 2014, en http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/10/07/guerrero-una-economia-afectada-por-la-violencia [3] Ibídem [4] Estos datos corresponden al año 2010, es decir, son previos a la reforma en materia energética. [5] En donde se ubica una de las mineras más productivas del Estado. [6] Informe Preventivo para la Exploración Minera Directa “Proyecto Media Luna”, de la empresa Minera Media Luna, S.A. de C.V. para su presentación en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaborado por Heurística Ambiental, Consultoría.